Castración química a violadores, prisión preventiva y otras polémicas del equipo de López Obrador

El Congreso mexicano ha vivido días de polémica en la primera semana del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que su partido, Morena, anunciara una iniciativa de ley para castrar químicamente a los violadores.

Esto sin contar con otra reforma de ley que plantea establecer prisión preventiva y algunas medidas que han provocado choques entre el nuevo Gobierno de México y el Poder Judicial.

Temas que han captado la atención al comienzo de la llamada 'Cuarta Transformación' propuesta por el presidente mexicano.

Castración química

El senador de Morena, Alejandro Armenta Mier, anunció en conferencia de prensa que presentará una iniciativa para reformar el Código penal y sancionar con "castración química" a quienes cometan violación sexual contra mujeres y menores de edad.

"Es un tema de relevancia porque México es el primer lugar a nivel mundial en materia de abuso sexual, violencia física y homicidio en menores", indicó el senador.

Acompañado por otros integrantes de la bancada de Morena, el legislador reconoció que la iniciativa es polémica pero señaló que se encuentra afinando detalles para no vulnerar los derechos humanos.

"Estoy afinando los acentos gramaticales para cuidar los derechos humanos, pero totalmente en contra de los pederastas y de los violadores de las mujeres", dijo.

Sin embargo, la medida fue criticada por analistas, organizaciones y usuarios de redes, por considerarla violatoria de los derechos humanos.

Al ser cuestionado sobre el tema, el presidente López Obrador señaló que este tipo de medidas no son la solución, sino atender las causas de la violencia.

"Ninguna medida de ese tipo es solución. Hay que atender las causas", dijo el mandatario mexicano durante su habitual conferencia de prensa matutina.

Prisión preventiva

El Senado aprobó modificar el artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos a los que el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva oficiosa cuando otras medidas cautelares no garanticen la presencia del imputado en el juicio.

Entre los delitos que incluirán la prisión preventiva, se encuentran el abuso o violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, además de delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército.

La Cámara Alta también aprobó que el feminicidio y robo a casa habitación sean considerados como delitos graves, por lo cual, también requerirían prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, la iniciativa fue criticada por organizaciones y activistas a favor de los derechos humanos, al considerar que la prisión preventiva es un mecanismo que, en su opinión, promueve el encarcelamiento de gente inocente.

En este sentido, María Elena Morera, directora de la organización Causa en Común, calificó la iniciativa como "populismo penal". También consideró que la prisión preventiva criminaliza a los más pobres, ya que el 73% de los presos mexicanos son obreros, campesinos y desempledos.

La ola de críticas incluyó un rechazo por parte del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Naciones Unidas, que expresó su "profunda preocupación ante la intención de expandir las bases jurídicas para un mayor uso de la prisión preventiva oficiosa en México, cuando dicha práctica ya ha sido identificada como contraria a los derechos humanos a la libertad y seguridad personal, así como a un juicio justo, con debido proceso y garantías judiciales".

Una medida que fue votada en contra por la legisladora de Morena, Néstora Salgado, una luchadora social que estuvo encarcelada injustamente casi tres años por supuestos delitos que nunca pudieron ser probados.

El choque contra el Poder Judicial

Otra polémica tiene que ver con la batalla jurídica que libra el Poder Judicial contra algunas propuestas del presidente López Obrador, quien levantó polémica al nominar una terna de miembros de su partido para ocupar un cargo vacante de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Una situación que, de acuerdo a los críticos, atenta contra la autonomía de poderes.

El primer encontronazo se produjo cuando, en agosto pasado, López Obrador impulsó una iniciativa de ley para reducir el sueldo de altos funcionarios dentro de su política de "austeridad republicana".

Una medida que fue impugnada por jueces, magistrados y otros integrantes del Poder Judicial.

Un sector del Estado mexicano que ha sido cuestionado durante años por percibir altos ingresos, ya que un ministro de la Suprema Corte puede ganar un promedio de 352.462 pesos mensuales (17.393 dólares), incluyendo bonos y otras compensaciones anuales. 

Un sueldo que, en relación al salario mínimo, hace que los ministros de la Corte en México sean mucho mejor remunerados que los ministros en países como EE.UU., España y Argentina, según un artículo del académico e investigador Ernesto Villanueva publicado en Aristegui Noticias.

Ante la polémica, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad al considerar que la reforma de ley para reducir sueldos de altos funcionarios es violatoria de los derechos humanos. En el mismo tono, jueces y magistrados interpusieron recursos de amparo en un tema que, paradójicamente, deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En este contexto, López Obrador, ya como presidente de México, presentó una terna para que el Congreso apruebe el nombramiento de un nuevo ministro de la SCJN. Y desató una nueva polémica al nominar a personajes que han militado o son cercanos a su partido, Morena: Loretta Ortiz Ahlf, Celia Maya García y Juan Luis González  Alcantara Carrancá.

Una situación que provocó críticas hacia López Obrador, debido a que fue interpretado como un intento de extender su influencia en el Poder Judicial.

Para algunos analistas, como el periodista Alejandro Sánchez, son síntomas de una "guerra" entre López Obrador y el Poder Judicial, ya que, de acuerdo con el reportero, existe un proyecto político desde el Ejecutivo y el Poder Legislativo para realizar una reforma profunda al Poder Judicial.

Al mismo tiempo, existen otras iniciativas de ley, de menor calado, que no han estado exentas de polémica, como el intento de Morena por quitar de televisión los anuncios de comida chatarra o prohibir los bonos para funcionarios gubernamentales.

Todas ellas, iniciativas polémicas que empiezan a delinear la agenda pública en México tras el cambio de régimen político.

Manuel Hernández Borbolla

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