Otto Sonnenholzner fue elegido este martes como nuevo vicepresidente de Ecuador por la Asamblea Nacional (Congreso), con 94 votos a favor de los 128 legisladores presentes.
Sonnenholzner fue electo de una lista de tres nombres que envió el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, al Parlamento, que incluían también a Agustín Albán Maldonado y a Nancy Vasco Noboa; luego que la semana pasada renunciara al cargo de vicepresidente María Alejandra Vicuña, en medio de un escándalo de corrupción que la involucra.
De esta manera, Sonnenholzner se convierte en la tercera persona en ocupar este cargo en año y medio de Gobierno de Moreno, luego de Jorge Glas y Vicuña. El nuevo segundo mandatario asumió de inmediato el puesto y, además, las riendas del país, debido a la ausencia del presidente, quien se encuentra de gira por Asia.
"Hoy asumo un compromiso con el país como vicepresidente del Ecuador, sueño como todos los ecuatorianos, en mejores días para nuestros hijos", dijo Sonnenholzer al ser juramentado en la Asamblea Nacional.
Señaló que desde temprana edad tuvo "la oportunidad de trabajar en diferentes sectores", lo que le permitió "conocer diversas realidades y los problemas que enfrentan los ecuatorianos"; e indicó que durante su mandato "siempre primara el interés nacional sobre los intereses personales".
Apoyado por Lasso
Otto Ramón Sonnenholzner Sper, de 35 años, es oriundo de Guayaquil, ciudad de la región costera de Ecuador. Es economista, con especialización en comercio internacional. Se ha desempeñado como catedrático de Economía en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica de Guayaquil.
Sonnenholzner está casado y tiene tres hijos. Actualmente, es director de la radio Tropicana FM de Guayaquil y miembro de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) de la provincia de Guayas.
Luego que fuera incluido en la terna de Moreno, recibió el apoyo del excandidato presidencial de derecha Guillermo Lasso y su partido CREO. Al respecto, este último dijo que se trata de un "empresario joven, honesto y preparado" y lo calificó como "un acierto en este momento que vive Ecuador".
'Panama Papers' e impuestos
Antes de la elección del vicepresidente en la Asamblea Nacional, el abogado Juan Francisco Morales Suárez, quien fue magistrado de la Corte Nacional de Justicia, envió un documento a la presidenta del Parlamento, Elizabeth Cabezas, para impugnar la designación de Sonnenholzer y Albán, por no pagar impuestos al Estado ecuatoriano.
Según Morales, Sonnenholzner pagó en el año 2017 como Impuesto a la Renta apenas 46,86 dólares, "esto significará que tales empresas o están quebradas o eluden tributos como se evidencia"; lo que constituye una falta al artículo 83 de la Constitución de Ecuador, que establece, entre otros, como deberes y responsabilidades de los ecuatorianos "cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los tributos establecidos por la ley".
Otra acusación que pesó sobre el nuevo segundo mandatario es que figura en el expediente de 'Panamá Papers', como directivo de cuatro empresas, tres de ellas disueltas o inactivas, la única activa es Galley Enterprises Inc., creada en 2002. Según la ministra del Interior, María Paula Romo, el nuevo vicepresidente renunció a su cargo en esa empresa 'offshore'.
Contratos con entidades públicas
Hubo una tercera acusación, revelada por el diario ecuatoriano El Universo. Según ese medio, basado en datos del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), algunas empresas de Sonnenholzner han recibido contratos del Estado. La compañía Servicios, Proyectos e Instalaciones Electrónicas, Spin (Radio Tropicana), de la cual es gerente, ha tenido 17 contratos desde 2012, por un valor de 540.000 dólares, con el Municipio de Guayaquil, el Cuerpo de Bomberos y la Empresa Municipal de Agua.
Mientras que la compañía Eslive, que comercializa maquinarias agrícolas y a la cual está ligado, ha tenido seis contratos con entidades públicas, como la Empresa Metropolitana de Agua Potable de Quito y el Municipio de Mocache, por casi 3 millones de dólares.
Según el artículo 113 de la Constitución de Ecuador, no podrán ser candidatos a cargos de elección popular, en este caso el reemplazo de un cargo cuyo primer ocupante fue electo en las urnas, quienes "tengan contrato con el Estado, como personas naturales o como representantes o apoderados de personas jurídicas, siempre que el contrato se haya celebrado para la ejecución de obra pública, prestación de servicio público o explotación de recursos naturales".