El Congreso mexicano aumentó el catálogo de delitos en los que aplica la extinción de dominio, como se le llama al mecanismo mediante el cual el Estado puede incautar los bienes ilícitos.
Con 474 votos a favor y 0 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la extinción de dominio en los siguientes casos: delitos en materia de corrupción, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, secuestro, trata de personas, y encubrimiento y delitos en materia de hidrocarburos, petroquímicos y petrolíferos.
"La figura de extinción de dominio abona de manera eficaz al combate contra el crimen organizado y los hechos de corrupción, cambios que resultan indispensables si queremos revertir que estas conductas sigan proliferando", dijo en sesión la diputada Claudia Pérez Rodríguez, de Morena.
La extinción de dominio se estableció en la Constitución en 2008, como un instrumento que buscaba limitar el poder financiero de la delincuencia organizada.
Con la nueva reforma aprobada, que deberá ser ratificada por al menos 17 Congresos locales, se busca ampliar el catálogo de delitos en los que se aplica esa figura legal.
Magros resultados
De acuerdo con datos proporcionados por el partido oficialista Morena, en 2016 la Procuraduría General de la República logró aplicar la extinción a tan solo 11 bienes, mientras que en 2017 la cifra fue de 44 bienes y se obtuvieron cinco sentencias favorables en materia de extinción de dominio, recuperándose aproximadamente 13 millones de pesos (equivalente a 648.074 dólares estadounidenses) y 5 millones de dólares.