El Tribunal Supremo de España ha dictado la sentencia definitiva que fija las indemnizaciones derivadas de la catástrofe medioambiental que supuso el derrame de petróleo del buque Prestige en 2002. Serán más de 1.500 millones de euros para los Estados español y francés, así como para el Gobierno de Galicia y otros 269 afectados.
Las indemnizaciones deben ser abonadas por los condenados, que fueron el capitán del barco y la compañía aseguradora y, de manera subsidiaria, la compañía propietaria del barco y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos.
Una de las mayores catástrofes medioambientales
El vertido que tuvo lugar frente a las costas españolas es considerado como una de las mayores catástrofes mediambientales. Aunque la zona más afectada fue la región de Galicia (norte de España), el vertido se extendió por un territorio de más de 2.000 kilómetros, alcanzando la costa portuguesa y francesa.
La gestión del desastre fue duramente criticada, pues se ordenó que el barco se alejase del litoral y acabó hundiéndose a 250 kilómetros de la orilla, lo que hizo que la extensión del vertido aumentara.
El encargado de coordinar la crisis en España fue el entonces vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que fue muy censurado tanto por sus decisiones como por sus declaraciones, en las que tildaba la fuga de la carga como "hilillos de plastilina".
Algunos medios, como Wrecked Exotics, consideran que el desastre del Prestige ha sido el tercero más costoso de toda la historia, tan solo por detrás del accidente de Chernóbil y la explosión del trasbordador espacial Columbia.