Los delitos cometidos por organizaciones guerrilleras en Argentina no son de lesa humanidad

Esta semana la Justicia argentina confirmó que los delitos cometidos por las organizaciones guerrilleras que actuaron en el país en la década de 1970 no son considerados como crímenes de lesa humanidad. El fallo corrió por cuenta de la Cámara Federal de Casación Penal que ratificó una sentencia previa que decidió archivar la causa por el asesinato del coronel Argentino del Valle Larrabure en 1975.

El militar había sido secuestrado en 1974 por militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y asesinado al año siguiente. Si bien hubo un intento de parte de la familia del militar de juzgar a sus responsables, se resolvió que el delito había prescripto.

Los magistrados Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci declararon "inadmisible" el pedido de indagatoria a Juan Arnol Kremer, exintegrante del ERP. Se acusaba a este último de "haber sido autor mediato, en su carácter del miembro del buró político de la precitada organización terrorista (ERP), y dentro del marco del ataque sistemático a la población civil, planificado y realizado por la misma para tomar el poder del Estado argentino". Asimismo, la querella señaló que esto se trataba de un "plan criminal llevado adelante en el conflicto interno vivido entonces en el país".

Para el Tribunal, "desde un punto estrictamente jurídico, no corresponde aplicar las categorías de los crímenes de lesa humanidad y de los crímenes de guerra" a estos hechos. La fundamentación se basó en que no es equiparable el accionar de las organizaciones guerrilleras con los crímenes cometidos desde el Estado, tanto en el período democrático previo al golpe de 1976, como luego durante la dictadura que duró hasta 1983.

Nadia Schujman, abogada de la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), celebró que "pese al disciplinamiento que pretende el Poder Ejecutivo, sigue habiendo jueces que fallan conforme a la Constitución y a la vigencia de los tratados de derechos humanos". "Siempre supimos que todos los argumentos legales estaban y están de nuestro lado. Ahora, las distintas esferas judiciales lo están confirmando", completó.