El Gobierno de Guatemala anunció formalmente el fin de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), mecanismo creado en 2006 para ayudar en la investigación de crímenes en el país centroamericano.
"Espero que el secretario general respete la decisión soberana de Guatemala y la carta de la ONU en el respeto de los pueblos, ya sean estos grandes o pequeños", dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, tras reunirse con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.
Jovel informó este lunes que en un plazo de 24 horas se habrá finalizado el mandato de la CICIG en Guatemala, porque después de 16 meses de espera de una solución condenatoria, la ONU se negó a resolver los planteamientos expuestos por el Gobierno guatemalteco.
La ministra de Relaciones Exteriores acusó a los funcionarios de la CICIG de injerencia en los asuntos internos del país, además de no respetar la presunción de inocencia de algunos ciudadanos guatemaltecos.
"La Comisión ha abusado y se ha extralimitado en sus funciones, ha cometido injerencia y ha violentado la soberanía de Guatemala", dijo Jovel este lunes.
"Dividiendo a la sociedad"
Jovel acusó al exjefe de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez, de presionar a diputados para que aprobaran reformas constitucionales, "dividiendo a la sociedad guatemalteca".
Este lunes, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, acusó a los funcionarios de la CICIG de romper el orden en el país.
"La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ha transgredido su mandato en repetidas ocasiones y lo ha hecho durante la administración de sus tres comisionados", dijo Morales en conferencia de prensa.
Conflicto sin resolución
El 25 de septiembre de 2018, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Morales acusó a la CICIG de violar la Constitución y de amenazar la paz. "En esencia, la CICIG ha llegado a ser una amenaza para la paz en Guatemala, ha montado un sistema de terror".
El pasado 19 de diciembre, las autoridades guatemaltecas dieron un plazo de tres días para que 11 funcionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad abandonara el país, luego de que esa instancia pidiera retirar la inmunidad al mandatario guatemalteco para poder juzgarlo por supuesta financiación ilegal, durante los comicios de 2015.
El sábado 5 de enero, las autoridades migratorias de Guatemala impidieron la entrada de Yilen Osorio, investigador de la CICIG. Osorio permaneció detenido durante 24 horas y fue gracias a una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que se le permitió el ingreso al país el pasado domingo.
Tras la detención, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió al Gobierno guatemalteco que garantizara la libertad de movimiento para los miembros de la CICIG.
Respuesta de la ONU
Tras la notificación del Gobierno de Morales, el secretario de la ONU anunció que la CICIG continuará con su labor e hizo un llamado al Gobierno centroamericano para que respeten los acuerdos hasta el fin de su mandato, previsto para septiembre de este año.