Debate en Argentina por el uso policial de pistolas taser

A comienzos de este año el Gobierno argentino, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó que avanzaría en la compra de 300 pistolas taser para que las fuerzas de seguridad las utilicen en aeropuertos y estaciones de ferrocarril. En esa misma sintonía, esta semana las autoridades de la ciudad de Buenos Aires dieron a conocer que tomarían la misma medida, a partir de marzo, para la policía que custodia el tren subterráneo.

Los anuncios provocaron distintas reacciones, ya que, aún antes de que se aprobara su utilización, estas armas fueron cuestionadas por organizaciones de derechos humanos. Y es que quienes defienden su uso sostienen que se trata de una herramienta "no letal", mientras que quienes las rechazan aseguran que no es así.

"Siguiendo el lineamiento del Gobierno nacional, la mejor utilización es en lugares cerrados, y el ámbito cerrado más grande y en el que más gente circula es el [tren] subte", declaró a los medios el jefe de Gobierno de la capital argentina, Horacio Rodríguez Larreta.

Por su parte, Bullrich había apuntado en su momento, en diálogo con radio La Red, que es "un arma muy usada porque es un arma intermedio no letal e individual, que es fácil de portar". "En los trenes, muchas veces va gente parada y el policía no tiene posibilidad de salir rápido si hay una agresión", continuó la ministra, que explicó que el oficial "tiene que andar entre la gente y, en ese caso, el uso de un arma común es más complicado que una de carácter intermedio".

Respecto a las causas judiciales que buscan frenar su implementación, la funcionaria apuntó que "en muchos casos ha habido mala interpretación de jueces en relación al uso de las armas que hacen los policías". Además dijo que el problema surge cuando "un juez opina" y en realidad "lo que tiene que hacer es juzgar el hecho y no decir qué es lo que hubiera sido mejor hacer" por parte del Policía.

Cuestionamientos

Esta medida fue rechazada por el sindicato que integra a los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires. Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) difundieron un comunicado a la prensa en el que calificaron este tipo de armas como "picanas portátiles".

Además, denunciaron que "aplicadas a determinados colectivos" como pueden ser pacientes cardiacos, adultos mayores, niños, niñas o embarazadas "pueden causar la muerte por el electroshock".

También recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "analiza declarar la ilegalidad de este tipo de armas y que su uso es rechazado por todos los Organismos de Derechos Humanos de la Argentina".

Efectivamente, en abril del 2017 la CIDH aceptó tomar el caso, luego de que la Corte Suprema de la ciudad de Buenos Aires rechazara un pedido para que sean prohibidas. La presentación fue impulsada por organizaciones como el Servicio de Paz y Justicia dirigido por el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, la Asociación Madres de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Además de denunciar el carácter potencialmente letal, en la demanda judicial se advirtió sobre el hecho de que "se intentan prevenir situaciones de posible encubrimiento o impunidad policial" y que favorezcan "un uso abusivo de las Taser X26, por las propias características de funcionamiento de estas, en tanto no dejan marcas sobre el cuerpo".

Las taser matan

Si bien es cierto que la mayoría de las veces estas armas aplicadas contra distintas personas han demostrado no ser letales, existen casos en los que terminaron en el fallecimiento del agredido. La mayoría de estos hechos se han dado en EE.UU., donde desde hace años las fuerzas de seguridad las utilizan.

Sin ir más lejos, en septiembre del año pasado un hombre recibió varias descargas eléctricas y tres días después murió en el hospital. En el 2011 un preso fue torturado con estas armas y luego de recibir tres disparos falleció.

Incluso datos relevados por Amnistía Internacional revelaron que entre los años 2001 y 2011 al menos 500 personas murieron en territorio estadounidense producto de las descargas de las taser. Entre los casos analizados en ese estudio, la ONG señaló que el 90% eran personas desarmadas y muchas víctimas fueron objeto de múltiples descargas.