El Parlamento de Venezuela, aunque se encuentra en desacato, aprobó un acuerdo que declara la "usurpación de la presidencia" por parte del Presidente Nicolás Maduro, quien fue juramentado para un nuevo período constitucional por el Tribunal Supremo de Justicia y cuyo mandato fue reconocido por la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
La declaratoria del Legislativo obtuvo un inmediato respaldo de Washington. Las manifestaciones de apoyo corrieron por cuenta del vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, y el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo.
Caracas reaccionó señalando a EE.UU. de promover "descaradamente un golpe de Estado" en el país suramericano. En medio de esa nueva escalada internacional contra el Gobierno electo, en Venezuela prima un gran expectativa sobre qué pasará con el Parlamento, sobre todo, después de que la ANC ordenó al TSJ y a la Fiscalía investigar por "traición a la patria" a los políticos que "desconozcan" el nuevo mandato del presidente Maduro para el período 2019-2025.
¿Es legal la declaratoria de 'usurpación'?
Por su condición de desacato, declarada desde 2016 por el TSJ, las acciones del Parlamento carecen de efecto jurídico, incluyendo la reciente declaratoria de "usurpación". Hasta tanto no se revierta ese estatus, todos los actos del Legislativo son nulos, tal como lo ha reiterado varias veces el Poder Judicial venezolano.
Para la abogada experta en derecho constitucional, María Alejandra Díaz, el Legislativo fabricó una "puesta es escena" para ganar elogios del gobierno de EE.UU.
Lo peligroso de la medida parlamentaria, advierte Díaz, es que se busca sentar en la comunidad internacional una "legalidad que no existe", a través de una "insubordinación" contra la Carta Magna, que utiliza como instrumento al Parlamento opositor para un "plan de disolución del Estado-Nación".
Por su parte, la abogada constitucionalista Olga Álvarez advierte que el objetivo es mostrar en el extranjero una "falsa apariencia de derecho", con un acuerdo parlamentario "irreal" que "no existe en los hechos, ni en el derecho".
Escenario 1: "Reelegitimación" del Parlamento
Para Álvarez el primer escenario es que la Asamblea Nacional Constituyente "reelegitime" al Parlamento, pues la jurista considera que los diputados han "deslegitimado" al cuerpo legislativo al sostener una situación (desacato) "que acarrea nulidad de sus actos".
Sostiene que, de acuerdo a su naturaleza plenipotenciaria, y siguiendo atribuciones del artículo 347 de la Constitución venezolana, la ANC puede "transformar el Estado, reestructurar órganos, relegitimar autoridades si así lo decide el pleno".
Esta posibilidad abarca un llamado a elecciones para "renovar" el cuerpo legislativo, un poder público que suma dos años de "ilícitos constitucionales", lo que obliga al Tribunal Supremo a asumir competencias parlamentarias. Esta situación, dice la abogada, no debería ser permanente en el tiempo.
Escenario 2: "Corrección" del TSJ
Un segundo escenario es que la Sala Constitucional del TSJ corrija la actuación del Parlamento. La abogada Álvarez señala que actualmente existe una omisión legislativa, que deriva en un proceso de "deslegitimación".
Recalca que lo más significativo es que la omisión, sustentada en el desacato, permanece por voluntad de los propios diputados, y eso recarga de funciones al TSJ.
Para Álvarez, el desacato parlamentario ya no debe prolongarse más tiempo porque en esa situación el Legislativo promueve una "hostilidad" con el resto de los poderes públicos (Poder Ciudadano, Judicial, Ejecutivo y Electoral).
"La constitución dice que si hay una omisión legislativa, o la Asamblea no cumple sus funciones, la Sala Constitucional (TSJ) puede corregir ese desequilibrio", añadió.
Escenario 3: Concurrencia de poderes
También es posible que se produzca una "concurrencia" entre el resto de los poderes públicos. Álvarez explica que la ANC puede solicitar al TSJ un pronunciamiento acerca de la "constitucionalidad" de los actos del Legislativo, con énfasis en la declaratoria de "usurpación" presidencial.
Después de que eso ocurra, la ANC está llamada a cumplir el fallo de TSJ, que puede incluir una convocatoria a elecciones. Otra posibilidad es que el Máximo Tribunal solo sentencie como "inconstitucional" el acuerdo parlamento y ordene a la Fiscalía abrir una investigación.
No sería la primera vez, el precedente ya existe: en el 2017, el Parlamento en desacato pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) activar la Carta Democrática contra Venezuela: "Esa vez, el TSJ declaró que hubo ilícito constitucional y que se cometió un delito", recordó Álvarez.
Falacia de la "usurpación"
Álvarez no vislumbra cuál pueda ser el escenario más factible, pero sí asegura que esta nueva acción del Parlamento no puede quedarse sin recibir respuesta alguna de la institucionalidad venezolana.
La constitucionalista señala que el Parlamento, desde que está en desacato desde 2016, no ha variado su propósito de "cambiar el gobierno por vías no constitucionales, y hay un sinfín de elementos para que se actúe en consecuencia".
Considera que la falacia de la "usurpación" está desfasada de los principios de la actual Constitución venezolana. Al margen de lo que ocurra, afirma que el Estado venezolano debe resolver la omisión y el desacato por sus "efectos nocivos" para la estabilidad institucional del país.
"Es hora de que el país tenga una Asamblea en sus plenos ejercicios constitucionales", sostiene Álvarez, quien recalca que ni el TSJ ni la ANC "deberían asumir más las funciones del Parlamento".
Todas las opciones en evaluación
El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, informó que se conformará una comisión para "evaluar" las acciones que pudieran tomarse contra la Asamblea Nacional.
La abogada y diputada Díaz forma parte de esa comisión parlamentaria, junto a los constituyentes Gladys Requena y Hermann Escarrá. Consultada por RT, dice que todas las "opciones constitucionales" serán valoradas por el órgano plenipotenciario.
"Es complejo, no es una decisión que se pueda tomar solo desde el mundo jurídico, hay mucho que valorar en las relaciones internacionales y en el peso de las alianzas estratégicas de Venezuela con el mundo", expresó.
Adelantó que se prevé que el presidente Maduro reciba diversas propuestas, una de ellas de la ANC, aunque el pasado martes el mandatario venezolano asomó que el TSJ será el órgano "que pondrá las cosas en su lugar". Cabello, por su parte, informó ya fueron designados jueces y fiscales para investigar las acciones del Parlamento que "violan" la Carta Magna.
En este contexto, las cartas están echadas. Por ahora, sostiene Díaz, "queda esperar la respuesta de la institucionalidad democrática".
Manuel Palma
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