El incendio de un depósito de la empresa Iron Mountain ubicado al sur de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina), hace cinco años, sigue siendo motivo de polémica. En aquel galpón estaban almacenados importantes documentos empresariales que, se sospecha, eran pruebas de fuga de dinero y evasión fiscal.
Durante el operativo para intentar detener el fuego fallecieron ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil. Los peritajes demostraron que el siniestro fue intencional, sin embargo, aún no hay condenados.
¿Qué pasó?
Durante la mañana del 5 de febrero de 2014 comenzó a incendiarse un galpón en la calle Azara 1245. Ubicado en el barrio de Barracas, pertenecía a la compañía Iron Mountain. Inmediatamente distintas dotaciones de bomberos se acercaron al lugar para intentar contener las llamas.
En un momento las columnas que se encontraban dentro del depósito cedieron golpeando una pared que se derrumbó sobre los rescatistas, provocando diez víctimas fatales.
¿Por qué era importante ese edificio?
Iron Mountain se define en su propia web como un "confiable socio de trabajo para más de 150.000 compañías en más de 35 países, brindando soluciones de administración, protección y almacenaje de información".
Efectivamente, en aquel galpón guardaba documentación de distintas compañías entre las que se destacaban el Banco Patagonia, el HSBC, JP Morgan y Servicio Electrónico de Pago SA, entre otras.
Esta última, además, pertenece al grupo empresario de la familia del entonces jefe de Gobierno de Buenos Aires y hoy presidente de Argentina, Mauricio Macri.
¿Qué sucedió con la investigación y la causa judicial?
Al conocerse el hecho, la Comisión Nacional de Valores (CNV) consultó a las distintas empresas si tenían documentación en ese lugar. Hasta entonces, no era obligación dar a conocer esa información, algo que cambió con una resolución de la CNV de agosto de 2014 producto de esta experiencia.
Con la información recopilada, el organismo estatal la remitió a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Al cruzar los datos, se encontró que 29 compañías que estaban siendo investigadas por lavado de dinero, fraudes y delitos tributarios guardaban archivos en Iron Mountain.
En paralelo, distintas pericias de la Policía Federal y la Universidad Tecnológica Nacional señalaron que el incendio fue intencional. Por ese motivo fueron procesados cuatro directivos de la empresa, el responsable de la firma de seguridad que custodiaba el lugar y 12 funcionarios de mediana o baja jerarquía del gobierno porteño que se desempeñaban en aquel momento.
Sin embargo, como reseña Página/12, actualmente la causa corre peligro. Es que el 4 de mayo de 2018 la sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional determinó que los querellantes, Ricardo José Martínez y Liliana Noemí Maffey, no podían seguir en la causa penal por haber aceptado indemnizaciones.
Esto se hizo extensivo a otros familiares de las víctimas a quienes se les impidió accionar contra "los directivos de Iron Mountain Argentina SA, la empresa Zurich (aseguradora en el siniestro) y todos sus respectivos sucesores, directores, funcionarios, representantes, accionistas, empleados, sociedades controlantes y/o vinculadas, cesionarios, aseguradores, abogados y representantes de cualquier tipo".
Esta decisión fue apelada y este año la Cámara de Casación Penal deberá pronunciarse al respecto.
¿Sospechas y vínculos?
Fundada hace más de medio siglo, no es la primera vez que Iron Mountain sufre pérdidas de sus depósitos provocados por el fuego. En 1997 se incendiaron tres depósitos en Nueva Jersey (EE.UU.); en 2006 sucedió lo mismo en Ottawa (Canadá) y también en Londres (Reino Unido); finalmente en 2011 hubo otro caso en Italia.
Con esos antecedentes el caso argentino agrega además otros datos, como el ya mencionado hecho de que la mayoría de las empresas que guardaban documentación allí estaban siendo investigadas por distintos delitos financieros. Casi todas alegaron ante los organismos competentes y la Justicia no tener copias de los materiales perdidos.
Por otra parte, la radicación de la compañía en ese sector de la ciudad estuvo marcada por irregularidades desde el principio. A pesar de ser un mero depósito contaba con exenciones impositivas por ser catalogada como "empresa tecnológica" y, como recordó el periodista Ariel Lijalad en un artículo en Nuestras Voces, fue condecorada por Macri en 2009.
Por su parte, el exinspector porteño Edgardo Castro denunció en repetidas oportunidades que el establecimiento no cumplía con los requisitos de habilitación. De hecho, asegura que por eso se derrumbó la pared que mató a los rescatistas. Asimismo, ya en 2015 sostuvo que no le permitieron investigar lo sucedido por pedido del propio Macri.
Lijalad, uno de los periodistas que más ha trabajado el caso, completa el panorama recordando que si bien los rótulos de la cajas donde se guardaban los documentos no eran determinantes, ya que no era una nomeclatura legal sino elegida por cada empresa, resultaron "más que sugerentes" sobre todo a partir de las investigación de los llamados Panamá Papers.
Empresas vinculadas a la familia del actual presidente argentino tenían cajas rotuladas con textos como "VARIOS PARATY-PANAMA-OMEXIL-UR" o "INF. DIAR IECSA BCE BRASIL". En los papeles de Panamá se descubrió que esas compañías 'offshore' triangulaban dinero entre el país centroamericano y Brasil.
¿Quién es Juan José Gómez Centurión?
Una figura clave en todo esto es el entonces titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad de Buenos Aires, Juan José Gómez Centurión. Este militar retirado fue nombrado en el cargo en 2012 por el propio Macri y, desde su función, tenía la responsabilidad de controlar depósitos como el de Iron Mountain.
Sin embargo, existen dos cuestiones relevantes a destacar. Por un lado que, previamente, Gómez Centurión había trabajado para empresas con información guardada en aquel galpón como Jumbo, Cencosud y el Banco Velox. Mientras Jumbo fue la cuarta empresa que más cajas perdió, Cencosud retiró 243 justo en los días previos al siniestro.
Por otro lado, cuando fue citado a comparecer ante la Legislatura de la Ciudad, en 2015, afirmó que el expediente de habilitación de Iron Mountain estaba oportunamente perdido. A pesar de su responsabilidad política directa, nunca fue involucrado en la causa.
Santiago Mayor
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