Carlos Vecchio, designado representante en EE.UU. por el autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, se ha propuesto eliminar la mayoría accionaria que mantiene Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) en los contratos con empresas mixtas para la exploración y explotación de las reservas de crudo venezolano.
"Queremos ir a una economía abierta", dijo Vecchio durante una visita a la oficina de en Bloomberg en Washington. "La mayoría de la producción de petróleo que queremos aumentar será con el sector privado", agregó.
Por ley, la estatal petrolera mantiene la mayoría accionaria (más del 50%) en los contratos con empresas interesadas en trabajar en los yacimientos del petróleo venezolano.
Ese esquema ha sido punto de honor del chavismo en la defensa de la "soberanía petrolera" del país suramericano en los últimos 20 años, en contraste con la política de "apertura" que fue aplicada por los gobiernos anteriores, basada en el aumento de los volúmenes de producción y la disminución de los ingresos fiscales para justificar una gradual privatización del sector. En esas operaciones, el Estado tenía un mínimo de participación accionaria.
La declaración de Vecchio coincide con el interés mostrado hace días por John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, de que empresas estadounidenses "produzcan el petróleo en Venezuela".
El Gobierno constitucional de Nicolás Maduro ha denunciado que la autoproclamación del diputado Guaidó forma parte de un "golpe de Estado" orquestado por EE.UU. en su interés de controlar los recursos naturales de Venezuela, entre ellos la reserva de la Faja Petrolífera del Orinoco, cuantificada como el mayor yacimiento petrolífero del mundo.
Rusia y China
El "representante" de Guaidó en Washington recalcó que la prioridad del "presidente encargado" es restablecer la "estabilidad" política de Venezuela y luego apuntar a un plan de reconstrucción económica: "Queremos una transición sin problemas. Espero que podamos lograrlo", sostuvo Vecchio.
En ese sentido, indicó que entre las primeras acciones que ejercerá será la toma de control de la embajada venezolana en Washington "esta semana", aunque evitó dar mayores detalles sobre las medidas inmediatas que prevé ejercer sobre Citgo, la filial de PDVSA en EE.UU., cuyos activos han sido bloqueados por órdenes de la Casa Blanca. El Gobierno autoproclamado afirmó esta semana que nombrará a una nueva directiva, pero la compañía sigue funcionando con la misma plantilla designada por Maduro.
Uno de los puntos que quedó en suspenso fue el respeto a los compromisos que ha asumido Venezuela con sus acreedores. Según Bloomberg, Vecchio no descartó la posibilidad de que el "Gobierno" de Guaidó solo reconozca como "legales" las deudas contraídas por la República con aprobación de la Asamblea Nacional (AN), cuyos actos son nulos desde 2015 por su "desacato" a los dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
"Si el acuerdo firmado no fue aprobado por la Asamblea Nacional, no lo reconoceremos", dijo el representante de Guaidó en EE.UU., tras admitir que no se ha reunido con funcionarios de Rusia o China, países que tienen importantes compromisos establecidos con Caracas en materia petrolera y de inversión en áreas estratégicas, pero que a su juicio se han mantenido "neutrales" en medio de la coyuntura política.
"Esperamos que mantengan su neutralidad en este momento", dijo. "Eso facilitará nuestra relación en el futuro", advirtió Vecchio, prófugo de la justicia venezolana desde 2014 por los presuntos delitos de "incendio intencional, instigación pública, daño a propiedades y asociación para delinquir".
El recurso codiciado
Desde que Hugo Chávez ganó la presidencia en 1998, el petróleo ha estado en disputa con factores nacionales e internacionales. En el 2001, previo al golpe de Estado de 2002, los directivos y gerentes de la PDVSA de entonces paralizaron la industria, luego de que el Ejecutivo promulgara la Ley de Hidrocarburos.
En la norma se incrementaron en 30% los tributos que deben pagar las compañías extranjeras por las actividades extractivas, y se estableció en 51% el porcentaje mínimo de la participación del Estado en las sociedades mixtas con empresas foráneas.
Con ese instrumento legal, Venezuela dejó atrás la era de la "apertura petrolera", y dio paso a una política de redistribución de la renta petrolera orientada a la inversión de programas sociales para los sectores más vulnerables de la población.
En el "Plan País", presentado por Guaidó, los fundamentos de la "apertura petrolera" volvieron a aparecer en la palestra pública. En el documento se esboza que uno de los propósitos con Pdvsa es "permitir que el capital privado sea accionista mayoritario en proyectos petroleros".