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Por qué resulta tan polémica la figura de un mediador en la mesa de partidos para el diálogo en Cataluña

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El Partido Popular y Ciudadanos se han apresurado a convocar manifestaciones contra lo que consideran una "cesión" al independentismo.
Por qué resulta tan polémica la figura de un mediador en la mesa de partidos para el diálogo en Cataluña

El conflicto catalán está entrando en un nuevo capítulo con la posible apertura de una mesa de diálogo como escenario para acercar posturas y con su mayor polémica hasta la fecha: la presencia de una figura que algunos califican de mediador, otros de relator y otros de coordinador.

La mesa abierta de partidos políticos para abordar el diálogo y la situación política en Cataluña se fraguó tras la cumbre de Pedralbes, en Barcelona, del pasado 20 de diciembre, en el encuentro que mantuvieron el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el responsable del Ejecutivo catalán, Quim Torra, así como en las dos entrevistas que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, mantuvo en enero con el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y la consejera de la Presidencia catalana, Elsa Artadi.

¿Por qué ahora?

Queda una semana para que empiece a discutirse en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que Sánchez presentó hace pocos días y que, precisamente, necesita del apoyo de los partidos catalanes para salir adelante.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad, aunque todavía se muestra abierta a retirarla dependiendo de los gestos del Gobierno. Y el Partido Demócrata europeo de Cataluña (PDeCat), de Torra, aún muestra dudas sobre la postura que tomará.

¿Qué es la mesa de partidos?

Se trata de crear un canal alternativo para el diálogo político entre todos los partidos de ámbito catalán, y posiblemente con la participación de algunos de ámbito nacional, para abordar la situación política en Cataluña, su análisis y la búsqueda de soluciones.

¿Por qué?

Las conversaciones a nivel institucional entre los Gobiernos de España y de la Generalitat a través de la Comisión bilateral que recoge el Estatuto de Cataluña no se encuentran en el mejor momento y se está buscando una alternativa más flexible, que además incluya a otros actores.

¿Quién la ha propuesto?

Al parecer, habrían sido los partidos catalanes independentistas quienes habrían propuesto tanto la mesa de partidos como la presencia de una "figura notarial" en ella.

Así, el diputado de ERC, Joan Tardá, deja claro en un tuit cuáles han sido los requisitos de su formación para retirar la enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado PGE: instar a la Fiscalía [para que actúe en relación a los políticos independentistas presos]; el establecimiento de una comisión bilateral de partidos; la figura del mediador; y poner sobre la mesa el referéndum de autodeterminación.

¿Quiénes participan en la mesa?

Están convocados todos los partidos presentes en el Parlamento catalán: Ciudadanos (Cs), Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partido Socialista Catalán (PSC), En Comú-Podem, Partido Popular (PP) y la Candidatura d'Unitat Popular (CUP).

De momento, Cs ya ha anunciado que no participará, al igual que el PP y la CUP.

Queda pendiente por saber si finalmente se abrirá a otros actores de ámbito nacional. Los que tienen más posibilidades de participar son el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez y Podemos, liderado por Pablo Iglesias.

¿En qué consiste la figura del mediador?

Según la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo: "No es un mediador, no hay un conflicto internacional. Hay una mesa donde se van a sentar los partidos en Cataluña que utilizará a una persona para ayudar a organizar y a negociar. No tiene más trascendencia. Nada más".

Lo cierto es que no está muy claro cuál será exactamente su papel, aunque los comentarios hechos por miembros del partido en el Gobierno dan a entender que sería alguien que facilitará el diálogo y el encuentro.

¿Quién será?

De momento aún no se han barajado nombres concretos, pero desde los partidos independentistas catalanes se aboga porque sea una figura internacional. Por su parte, desde el Gobierno defienden que sea una persona española, preferentemente "del ámbito catalán", en palabras de la vicepresidenta.

¿Qué críticas está cosechando el Gobierno de España?

El Gobierno español ha sorprendido al aceptar la figura de esta especie de coordinador entre los partidos catalanes, aunque está siendo duramente criticado por ello.

El Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) están convocando protestas en las calles contra lo que consideran una cesión del presidente del Gobierno a Cataluña. 

Pablo Casado, líder del PP, incluso ha anunciado que no descarta presentar una moción de censura contra Sánchez si no rectifica, pues para el político popular, el presidente ha cometido "alta traición a España". "Han aceptado uno de los chantajes de los independentistas", ha argüido justo antes de anunciar que convocaba una concentración este domingo en Madrid "para pedir que se cumpla la ley y que no se siga humillando" a España.

Además, Casado afirma que la apertura de la mesa de partidos junto con la figura del relator es la "felonía más grave desde el 23F", fecha en la que se produjo un golpe de Estado en el país íbero.

Ciudadanos prefiere presionar para que Sánchez convoque elecciones y se ha apresurado a convocar una manifestación este domingo en Madrid, adelantándose por horas a Casado. "Hay que crear un frente cívico contra Sánchez", sostiene Albert Rivera. "Hay que frenar a Sánchez", ha insistido el político, que argumenta que no está "dispuesto a vender" el país y opina que todo lo que hace el presidente es por "seguir un cuarto de hora más en La Moncloa".

¿También en el partido del Gobierno?

También en la formación del presidente se han escuchado críticas. El presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, del partido socialista, declaró en Onda Cero: "No lo entiendo. Le pido al Gobierno de España que se mantenga en su sitio en la defensa de la Constitución. Si se trata de tener a alguien de testigo porque no se fían unos de otros, que hablen en el Parlamento, que estamos todos de testigos".

Otro varón socialista, Javier Lambán, presidente de Aragón, ha opinado a través de Twitter que "aprobar un presupuesto no justifica cesiones que pongan en cuestión la Constitución, la unidad de España, el Estado de Derecho ni la decencia".

¿Por qué unas críticas tan contundentes?

El conflicto catalán es la cuestión más espinosa que el presidente español tiene entre manos. Por un lado, los partidos catalanes independentistas tienen las llaves para aprobar unas cuentas públicas que pueden ser claves para que pueda agotar la legislatura, pues se encuentra en una posición de debilidad al contar con tan solo 84 diputados de los 350 que componen el Hemiciclo.

Por el otro, cualquier cesión es fuertemente amplificada por los partidos de la oposición de la derecha del arco parlamentario, pues han tomado la bandera de la integridad del Estado como un arma arrojadiza, sobre todo después de la irrupción del partido ultraderechista Vox, a quien esta cuestión le está siendo rentable electoralmente, como se pudo constatar en las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre, donde consiguió 12 representantes.

De esta manera Sánchez se encuentra ante una paradoja. La inmovilidad no soluciona el conflicto, sino que lo agrava, como demostró la actitud del anterior presidente, Mariano Rajoy. Y si se mueve, tanto para propiciar un acercamiento, como para endurecer la relación con las fuerzas catalanas, corre graves riesgos políticos.

¿Y por qué está en el foco la figura del mediador?

La figura del mediador está en el centro de la polémica por varios motivos. Por un lado, para los partidos independentistas, una figura de este tipo de procedencia internacional haría más visible en el extranjero su conflicto y les otorgaría cierta entidad como interlocutor al mismo nivel que el Gobierno español.

Para los partidos contrarios a esta iniciativa, sobre todo los del ámbito conservador, es precisamente esa legitimidad internacional la que ven innecesaria y piden que el diálogo se circunscriba al ámbito de las instituciones. Opinan que su sola presencia ya pone en entredicho el principio de unidad de la nación española, pues mediaría entre dos partes que, a su juicio, no tienen el mismo nivel de interlocución.

Nuria López

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