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Todo sobre la batería de medidas del Gobierno de Bolsonaro para combatir la violencia y la corrupción

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El plan, que ha provocado un aluvión de críticas, fue presentado por el ministro de Justicia Sérgio Moro, anteriormente juez y responsable del encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Todo sobre la batería de medidas del Gobierno de Bolsonaro para combatir la violencia y la corrupción

Endurecer el combate al crimen organizado, a la corrupción y a los delitos violentos son los puntos cardinales del nuevo plan de gobierno para la seguridad y la Justicia presentado la semana pasada bajo un aluvión de críticas de la oposición.

El paquete de medidas responde a uno de los principales estandartes de la campaña electoral del hoy elegido como presidente Jair Bolsonaro que defendió mano dura contra corruptos y bandidos. El anteproyecto de ley, que propone 19 alteraciones de las leyes existentes, ha sido elaborado y presentado al Parlamento por una de las figuras más aclamadas del actual gobierno: el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Río de Janeiro, Sérgio Moro, anteriormente juez y responsable del encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, sentenciado por corrupción.

Mayor protección para los policías que se excedan en su funciones

Entre las medidas más polémicas figura la ampliación de las hipótesis en las que las acciones violentas de la policía puedan calificarse como legítima defensa. La ley actual exime de culpa al agente que use "moderadamente los medios necesarios" para defenderse de una "agresión actual o inminente". Moro propone alterar este apartado del Código Penal para eximir de culpa al policía que se exceda en sus funciones, siempre y cuando sea para adelantarse y prevenir cualquier agresión. El ministro de Justicia alegó que "el policía no tiene que esperar a recibir un disparo para reaccionar" y propone que las autoridades no castiguen una acción policial violenta si "el exceso [es] derivado de miedo excusable, sorpresa o violenta emoción".

El cuerpo policial de Brasil está considerado como uno de los más violentos del mundo. De acuerdo con los últimos datos del Fórum Brasileño de Seguridad Pública, la policía mató en 2017 a 5.144 personas, del total de 63.880 homicidios registrados en este año. La policía de Brasil también es una de las más expuestas a la violencia, con 367 fallecimientos de agentes durante este periodo, pero la permisividad de acciones violentas por parte de las fuerzas de seguridad viola las normas nacionales e internacionales según argumenta el Instituto Carioca de Criminología (ICC). "Agentes de seguridad pública, ya que están más preparados y entrenados en el uso y manejo de armas de fuego, así como en situaciones de enfrentamiento, se someten a reglas de legítima defensa más restrictivas", explica Nilo Batista, abogado y presidente del ICC, en una nota que analiza el anteproyecto presentado por Moro. La misiva también cuestiona el hecho de que la ampliación de hipótesis en las que un ataque violento se considere como legítima defensa solo se aplique a los agentes.

Asimismo, de acuerdo con la ICC, esta propuesta violaría la sentencia condenatoria que la Corte Interamericana emitió en 2017 exigiendo la reducción de la letalidad y de la violencia policial.

Penas más estrictas para organizaciones criminales

El crimen organizado es hoy uno de los principales desafíos para la política de seguridad brasileña. En la ley actual, se considera como grupo criminal a la reunión de cuatro o más personas para obtener beneficios de infracciones practicadas. Moro propone ampliar esta categorización y añade cualquier asociación que "se valga de violencia o de intimidación para adquirir, de modo directo o indirecto, el control sobre una actividad criminal o económica" y cita como ejemplos el Primer Comando de la Capital (PCC), Comando Vermelho o las milicias, entre otros.

Frente a la ausencia de especificaciones más profundas sobre los grupos milicianos, Batista sugiere que no deberían ser tratadas como "un mal menor" y debería abordarse el peligro de las milicias con el mismo "rigor descriptivo" con el que se presenta a los comandos.

Según este inciso del anteproyecto, los miembros de grupos criminales tendrían negada automáticamente la posibilidad de libertad provisional y no tendrían derecho a reducción de pena. Moro prevé, además, penas en cárceles de máxima seguridad para los integrantes de estas asociaciones que hayan sido capturados con armas.

Prisión obligatoria tras condena en 2ª instancia

El paquete de propuestas incluye prisión directa para todos los condenados en 2ª instancia aunque les resten vías de recurso disponibles. Actualmente la Constitución brasileña establece que nadie es considerado culpable hasta la conclusión de su proceso de sentencia, no obstante en 2016 la Corte Suprema (Tribunal Superior Federal, TSF) abrió una brecha para que la Justicia determinase si ciertos presos deberían ingresar en prisión y comenzar a cumplir la pena aunque no hayan agotado sus posibilidades de recurrir la decisión.

A la espera de que el TSF votase y tomase una posición definitiva sobre este parecer, Moro, en sus antiguas funciones como juez, sentenció en abril de 2018 a Lula como culpable por corrupción y dictaminó –entre acaloradas polémicas– su encarcelamiento tras la sentencia en 2ª instancia sin esperar a los resultados de los recursos disponibles. Ahora, Moro pretende que la prisión tras la segunda sentencia se convierta en ley y se aplique a todos los condenados.

Batista, en la nota del ICC, considera que la propuesta viola el principio de presunción de inocencia y considera "oportunista" solicitar que el Parlamento se posicione sobre una medida que está al aguardo de votación en el TSF. Además, la misiva cuestiona el aumento de protagonismo del poder Judicial, una vez que el proceso de recursos dejaría de ser una cuestión de legalidad y pasaría a estar totalmente subordinada a la voluntad de los jueces.

Prisión preventiva para todos los acusados de homicidio

Mientras que la legislación actual solo prevé la prisión preventiva para los acusados de homicidio que cumplan determinados requisitos, el nuevo plan del ministro de Justicia y Seguridad propone que todos los sospechosos de asesinato pasen a estar automáticamente privados de su libertad mientras se procesa su caso.

Luiz Felipe Neves Gustavo, un joven mecánico habitante de la favela Ciudad de Dios que pasó los últimos tres meses de 2018 en prisión injustamente acusado de participación en un tiroteo, denunció para este medio las fallas del sistema judicial brasileño que le privaron de su libertad aún siendo inocente, hecho que posteriormente pudo probar. "Yo pasé por esta injusticia porque infelizmente vivo en una comunidad que está dominada por el tráfico de drogas y mal vista por la sociedad", declara Neves, que añade que existen muchos casos como el suyo y que existe una dificultad de medios para que una persona más humilde pueda demostrar su inocencia. Él apunta a que esta situación puede ser el resultado de fallos tanto en la investigación como en la sentencia del juez, además del prejuicio que existe principalmente frente a los jóvenes negros que viven en favelas. De acuerdo con el Forum Brasileño de Seguridad Pública, entre 2009 y 2016, el 99% de las personas asesinadas por la policía eran hombres, el 76 % eran negros y el 81% jóvenes, entre 12 y 29 años.

Luiz Felipe Neves Gustavo, joven que pasó tres meses en prisión injustamente acusado.
Luiz Felipe Neves Gustavo, joven que pasó tres meses en prisión injustamente acusado.
""Quien pasa por prisión, difícilmente vuelve a ser el mismo. Mi familia tuvo que pagar por mi uniforme de preso, no tuve ningún acceso a médicos y el gobierno no me dio ayuda ni para mis necesidades higiénicas".

Neves fue indebidamente acusado de intento de homicidio contra 18 policías militares que actuaron en una misión en su comunidad, simplemente por un error en el reconocimiento facial de los sospechosos. Este mecánico, que pudo demostrar que el día del tiroteo él estaba trabajando en el taller, hoy defiende la importancia de la presunción de inocencia y alega que tras su paso por la prisión perdió la esperanza en el sistema de seguridad pública de Brasil. "Quien pasa por allí, difícilmente vuelve a ser el mismo. Mi familia tuvo que pagar por mi uniforme de preso, no tuve ningún acceso a médicos y el gobierno no me dio ayuda ni para mis necesidades higiénicas", explica Neves sobre su paso por la prisión Ary Franco, en el norte de la ciudad de Río de Janeiro, donde él cita que tuvo que convivir con varios presos con enfermedades contagiosas, como tuberculosis, que tampoco recibían tratamiento. "Vi varias personas muriendo como resultado del abandono de las prisiones", añade.

Cárcel para los crímenes de corrupción

La propuesta para el combate a la criminalidad subraya el endurecimiento de las penas para los crímenes de corrupción pasiva y activa, así como delitos de malversación de fondos públicos.

Moro propone que, excepto en casos en los que el valor de lo apropiado sea muy reducido, las personas condenadas por algunos de estos dos delitos pasen a cumplir su pena en régimen de prisión cerrado. Hasta ahora, solo van a la cárcel los sentenciados con penas mayores a ocho años.

Un batería de medidas que ha despertado las críticas

El aumento de penas de cárcel en varias de las propuestas presentadas por el ministro de Justicia ha sido uno de los principales detonantes de críticas de diversos especialistas. Para uno de los principales abogados criminalistas de Brasil, Antônio Carlos de Almeida Castro, este es "un paquete con una sola promesa, el recrudecimiento de la legislación penal, y castrador para la serie de derechos consolidada a lo largo de siglos", declaró De Almeida en sus redes sociales esta semana. Este abogado prevé un dramático aumento del número de presos en un país que acumula la tercera mayor población penitenciaria del mundo, con una tasa de ocupación que supera el 175%.

Asimismo, la ICC, argumenta en su nota que hace "cerca de dos décadas que la legislación penal brasileña está siendo remendada con reformas que ha apostado todas sus fichas en la creación de nuevos tipos de penas, elevación de las condenas y endurecimiento de los regímenes carceleros". Añade en relación a las medidas de seguridad de la llamada "guerra contra las drogas" que "los indicadores de violencia (…) son la prueba del fracaso de esa política".

Entre el resto de propuestas, el ministro de Justicia propone endurecer las penas por porte ilegal de armas, lo que, si bien sería una medida lógica contra el crimen, presenta una incoherencia política después de que Bolsonaro ratificase este 15 de enero un decreto para facilitar el acceso a las armas, una de las principales promesas de su campaña.

El anteproyecto de Moro también pretende incluir en el derecho brasileño la vía de la negociación para conceder beneficios a los delincuentes que confiesen su culpa, proceso conocido como 'plea bargain' en el sistema estadounidense, y que el ICC considera como una depreciación de los procedimientos del sistema de Justicia actual. Otra de las novedades podría ser la creación de la figura del "buen delator",que denuncia un crimen en el que él no está implicado, y a cambio recibe protección y una recompensa del 5% del valor recaudado, en casos en los haya en juego fondos desviados. Sobre la creación de cajas B de partidos para hacer campaña electoral con donaciones no declaradas, Moro propone tipificarla como crimen. Y entre el resto de medidas destaca la aprobación de la recolección de muestras de ADN de todos los detenidos por crímenes dolosos, mientras que ahora solo se autorizan las informaciones genéticas de condenados por violación. Además, este apartado incluye la construcción de un Banco Nacional Multibiométrico, con informaciones de huellas dactilares, iris, reconocimiento facial y de voz, lo más amplio posible y gestionado por el ministerio de Justicia.

Batista considera que esta batería de propuestas será bien recibida por el Poder Judicial, que verá aumentados sus poderes, así como por el Ministerio Público, "que dispondrá de instrumentos investigativos más invasivos"; también por los abogados, que tendrán más clientes con la expansión del sistema penal, y por las industrias de tecnología contra el crimen y de gestión carcelaria, que podrán aumentar sus lucros. No obstante, el presidente del ICC considera que "será pésimo para la ciudadanía" ya que habría un retroceso de sus derechos frente a un Estado "empeñado en sustituir políticas sociales por políticas criminales", concluye la nota.

Luna Gámez

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