Brasil ha conquistado un récord histórico en violencia física y simbólica sobre la población rural. Entre 1985 y 2003, 1.678 campesinos fueron asesinados, de acuerdo con datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), una de las principales instituciones no gubernamentales por la defensa de las trabajadoras y trabajadores de las áreas rurales brasileñas fundada durante la dictadura militar brasileña (1964-1985). De entre ellos, solo 106 casos fueron investigados con 111 condenados. Sin embargo, las cifras de asesinatos violentos aumentaron en los últimos años.
De acuerdo con Global Witness, 2017 fue el año más sangriento en el mundo rural desde que esta ONG tiene registros, 201 asesinatos de campesinos, activistas comunitarios, indígenas y ecologistas a nivel mundial. Las cifras de este periodo no solo alcanzaron un récord sino que mostraron que, por primera vez, el sector del agronegocio se colocaba como principal causante de los asesinatos, superando a los conflictos del sector de la minería. En el informe '¿A qué precio', publicado en julio del año pasado, esta ONG denuncia la desigualdad en el mercado de los recursos naturales que muchos campesinos pagan con su propia vida.
Poco más de un tercio del total de asesinatos mundiales registrados por Global Witness en 2017 sucedieron en territorio brasileño, 57 víctimas. Acorralados por ciertas élites agrícolas, la población rural –que incluye campesinos, indígenas, afrodescendientes rurales reconocidos como quilombolas, movimientos populares y defensores de derechos– sufre también la omisión del Estado y la impunidad de la Justicia.
En entrevista especial para RT, Fabricio Teló, sociólogo e investigador en doctorado en la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, explica el contexto histórico de la violencia rural en Brasil.
RT: En los últimos tres años, Brasil ha experimentado un aumento de lo homicidios en el campo. ¿Cuál es la principal amenaza hoy para las poblaciones rurales?
F.T.: Hoy en día, creo que las poblaciones rurales más amenazadas son los pueblos indígenas, una vez que las tierras indígenas son las áreas donde la frontera agrícola [áreas de selva deforestadas para plantaciones] puede avanzar con más facilidad.
La interpretación hecha por la Comisión Pastoral de la Tierra es que el 'impeachment' de Dilma Rousseff [en agosto de 2016] fue un momento de ruptura democrática que favoreció el clima de impunidad y el aumento de asesinados en el campo como resultado de conflictos por tierra, agua o derechos laborales.
RT: ¿Representa Bolsonaro una nueva amenaza para las poblaciones rurales? Y, ¿cómo puede afectar la liberación de porte de armas en el campo?
F.T.: En este sentido, el gobierno de Bolsonaro, que fue elegido bajo el discurso de que las tierras indígenas debían ser más explotadas para "aumentar el desarrollo" del país, representa la principal amenaza para estos pueblos. Inmediatamente después de haber tomado posesión de su cargo, una de sus primeras medidas políticas fue pasar la Funai (la Fundación Nacional del Índio) del Ministerio de la Justicia, donde tenía relativa autonomía, para el Ministerio de la Agricultura, controlado por la "bancada ruralista", grupo de parlamentarios representantes de los grandes terratenientes y del agronegocio.
Asimismo, el proyecto de ley para liberar el porte de armas en el campo va a estimular aún más esta escalada de violencia en el campo en Brasil. Estas y otras sucesivas decisiones vulnerabilizan a las poblaciones rurales que son víctimas de violencia histórica. De hecho, en el último mes varias tierras indígenas han sido invadidas bajo la justificación de que "ahora Bolsonaro es el presidente".
RT: ¿Cómo se estructuran hoy las luchas de resistencia entre las comunidades rurales de Brasil?
F.T.: Brasil es un país con realidades diversas según sus regiones, de modo que las resistencias asumen formas propias según el contexto. Si bien tenemos grandes movimientos sociales nacionales como la Confederación Nacional de los Trabajadores en la Agricultura (Contag) y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), hay una infinidad de otras organizaciones locales o regionales que desempeñan un rol fundamental en la defensa de los derechos de la población del campo. El movimiento de los afectados por la minería o los grupos de productores de una cierta región son formas de organización con un fuerte potencial agregador porque se dedican a cuestiones concretas y específicas de la vida de las personas y valorizan sus identidades étnicas y de género.
No obstante, existe una preocupación latente entre los movimientos sociales como resultado de un proyecto de ley del hijo del presidente Bolsonaro que podría calificar a ciertos movimientos como el MST, por ejemplo, como organización terrorista, lo que provocaría un aumento exponencial de la represión de los campesinos y de los activistas.
RT: ¿De dónde provienen los conflictos de tierras entre grandes y pequeños productores, que además afectan a los defensores de los derechos medioambientales?
F.T.: La violencia en el campo en Brasil tiene varios orígenes. Diría que uno de los principales son los tres siglos de esclavitud que marcaron profundamente la formación del pueblo brasileño. Destacaría dos dimensiones de este proceso. Primero que, en la esclavitud, los problemas se resolvían con el uso de la violencia y esto alimentó una cultura que reproduce este patrón de comportamiento. Segundo que, con el fin de la esclavitud, no se desarrolló ningún programa de distribución de tierras a las personas liberadas. Incluso antes de la abolición [de la esclavitud], en 1850 la creación de Ley de Tierras tuvo como objetivo impedir que los esclavos liberados pudieran tener su propia tierra e independizarse de los "señores".
Esto dio lugar a una estructura agraria altamente desigual y fue la raíz de la violencia estructural que afecta a quienes históricamente han tenido denegado el derecho de acceso a la tierra. Además, es importante mencionar que en Brasil continúa existiendo un hegemonismo de los terratenientes en el Estado, tanto en el Ejecutivo, como en el Legislativo y Judiciario, y esto favorece la impunidad de quienes contratan a profesionales de la violencia para practicar abusos en las poblaciones rurales.
RT: El Movimiento de los Trabajadores rurales sin tierra denuncia que el Estado solo haya reconocido 29 de los 1.196 campesinos asesinados entre 1961 y 1988, de acuerdo con los datos de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de la Verdad, creada para investigar la violación de derechos humanos durante el periodo de la dictadura, no contabilizó el número de óbitos de campesinos, pero sobre los indígenas estimó más de 8.300 muertos. ¿Cómo fueron exactamente las formas de violencia contra las poblaciones rurales durante el periodo dictatorial en Brasil?
F.T.: El golpe de Estado de 1964 fue, entre otras razones, una reacción a las movilizaciones campesinas de los años 1950 y 1960 por una distribución más equitativa de la tierra, que estaban desafiando la hegemonía política y económica de los terratenientes. El contexto de Guerra Fría de combate al comunismo fue el argumento para reprimir a los campesinos que demandaban tierra, ya que la idea de "reforma agraria" fue confundida con una propuesta para acabar con la propiedad.
Los agentes estatales expulsaban a los campesinos que ocupasen ciertos territorios, detenían a los líderes de sus movimientos o intervenían en sus sindicatos. Pero no eran los únicos, los agentes privados se aprovecharon del contexto para justificar violencias contra trabajadores calificándolos como "subversivos": muchos enfrentamientos acababan en asesinatos, incendios de sus casas, les destruían las plantaciones o les bloqueaban las fuentes de agua.
En el caso de los indígenas, el principal motivo de la violencia sufrida fue su resistencia contra la construcción de autovías y presas hidroeléctricas en sus territorios. Durante la represión de la comunidad Waimiri-Atroari el gobierno utilizó incluso napalm, una arma química de guerra. [Esta masacre se cobró la vida de unos 2.000 indígenas de dicha etnia].
RT: Para resistir frente a las amenazas, que se recrudecieron durante este periodo de la dictadura, algunos campesinos se adhirieron a los movimientos de defensa armada, ¿queda algún vestigio de los intentos de formación de guerrillas rurales de resistencia durante la dictadura?
F.T.: Si bien el intento más conocido fue el desarrollado por el Partido Comunista do Brasil (PCdoB) en la región del Araguaia, en la Amazonia, varias otras organizaciones también intentaron formar grupos de guerrilla con campesinos. Pero, en un período de dos o tres años, todas fueron desmanteladas por la represión. Lo único que se mantiene hoy es la forma de posicionarse políticamente de quienes se involucraron en el pasado en la lucha armada porque los canales democráticos de acción política estaban cerrados.
RT: Una práctica histórica de violencia hacia los campesinos es la expropiación de tierras mediante 'grilagem', que consiste en colocar documentos falsos de propiedad en cajones cerrados con grillos para que adquieran una apariencia de envejecido y verdadero. ¿Continúa existiendo 'grilagem' hasta el día de hoy? ¿Qué tipos de fiscalización han sido implementadas para defender el derecho de propiedad de los pequeños campesinos?
F.T.: Continúa sucediendo pero con métodos más modernos, sobre todo por medio de la corrupción en oficinas de registro, que emiten documentos falsos, duplicados, o sin respaldo en la ley. Se estima que hay 100 millones de hectáreas de tierra 'griladas' (robadas). No hay instrumentos eficientes de fiscalización por parte del Estado para evitar este tipo de práctica. El Estado Brasileño ni siquiera tiene un estudio cartográfico serio de las propiedades agrarias existentes en el país.
RT: Brasil arrastra disputas históricas en la repartición de la tierra pero, ¿cómo han influido las dinámicas del sistema económico actual?
F.T.: Otro problema más reciente, que se intensificó a partir del año 2000, es lo que se viene llamando financiarización de la tierra, o sea, el ingreso del capital financiero, especialmente el extranjero, en el mercado de tierras, no solo en Brasil, pero en diversos países de América Latina y África, lo que aumenta el precio de las tierras y hace aún más difícil la desconcentración agraria. El ejemplo más contundente de este proceso son los fondos de pensión de países como Estados Unidos, Canadá, Suecia e Inglaterra, que adoptaron como estrategia de inversión la compra de tierras en Brasil para utilizarla como un activo financiero. Debido a la valorización creciente de los últimos años, la tierra se ha convertido en una de las inversiones más rentables para los especuladores.
Una de las regiones más afectadas por ese proceso en Brasil es la frontera agrícola llamada de "Matopiba", o sea, el espacio entre los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía. No es casualidad que esa sea una de las regiones con más desplazamientos forzados de campesinos y comunidades indígenas y quilombolas [comunidades afrodescendientes].
RT: ¿Qué tipo de reforma agrícola podría apaciguar estos enfrentamientos?
F.T.: Una reforma agraria de éxito tendría que ir mucho allá de una simple distribución de tierra. Es fundamental desarrollar proyectos consistentes de asistencia técnica, comercialización facilitada de productos, educación integrada a la realidad campesina, vivienda digna y, en general, acceso a la misma dignidad que uno tendría en la ciudad.
Habría que cambiar el clima actual de "ahora se puede", es decir la impunidad de la violencia. Es necesario oír más las organizaciones indígenas, campesinas y quilombolas . Mucha gente no tiene idea de esta realidad del campo en Brasil. Los cambios sociales son sostenibles cuando el conjunto de la sociedad los produce. En segundo lugar, los asesinatos deben ser investigados a fondo para poder sancionar no solo a los ejecutores, que raramente son castigados, sino también los mandantes, que, en última instância, son los principales responsables.
Luna Gámez
Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!