EE.UU. introduce nuevas sanciones a cinco venezolanos, entre ellos el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro Departamento del Tesoro de EE.UU., ha anunciado este viernes un conjunto de sanciones en contra de cinco altos funcionarios del Gobierno de Venezuela, entre ellos el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo.
Las sancionados incluidos en la lista de la OFAC son:
- Manuel Quevedo: ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo y presidente de la petrolera estatal (PDVSA).
- Manuel Ricardo Cristopher Figuera: director del Servicio Nacional de Inteligencia de Venezuela (SEBIN).
- Hildemaro José Múcura: primer comisario del Servicio Nacional de Inteligencia de Venezuela (SEBIN).
- Iván Rafael Hernández Dala: comandante de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM).
- Rafael Enrique Bastardo Mendoza: director de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional de Venezuela (PNB).
El departamento del Tesoro anuncia nuevas sanciones a personas relacionadas con el gobierno de Nicolás Maduro. pic.twitter.com/eDm5DelUlu
— Helena Villar (@HelenaVillarRT) 15 de febrero de 2019
En el comunicado del Departamento del Tesoro se explica que las medidas punitivas "apuntan a los funcionarios que han ayudado al régimen ilegítimo de Maduro a reprimir al pueblo venezolano" y que "han violado sistemáticamente los derechos humanos".
Estas sanciones comprenden el bloqueo de todas las propiedades e intereses que los funcionarios venezolanos pudieran tener en EE.UU. o que estuvieran en posesión de estadounidenses, además de la prohibición de realizar transacciones con ellos.
Sobre el tema, el analista internacional de geopolítica energética, Vladimir Adrianza, opina que será muy complejo para Washington sustituir el petróleo venezolano por cualquier otro, ya que sus refinerías están ajustadas al tipo de crudo proveniente del país bolivariano.
Desde 2015, Washington ha impuesto medidas coercitivas en contra casi cien altos cargos venezolanos y personas relacionadas con el Gobierno venezolano, entre los que se encuentran cabezas de poderes públicos, altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), ministros, gobernadores y el propio presidente Nicolás Maduro.