Amnistía total para los criminales de la dictadura militar: Así es la polémica ley que se debate en Guatemala

En las últimas semanas, se desató una polémica en Guatemala debido a que el Congreso nacional busca reformar la llamada 'Ley de Reconciliación Nacional', establecida en 1996. Esta normativa surgió como producto de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a una guerra civil que duró 36 años y ha permitido juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante ese período.

La nueva legislación, que tuvo dictamen de comisión a mediados de 2018, plantea que se debe respetar la no retroactividad de las leyes. En ese sentido, sostiene que la amnistía debe ser "total", permitiendo que las distintas personas involucradas en el conflicto armado, que dejó al menos 200.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, no sean perseguidas por "crímenes que no estaban tipificados de la misma forma que lo están actualmente".

Al respecto, se argumenta que al firmar los Acuerdos de Paz a mediados de la década de 1990 el objetivo principal era "la reconciliación, el perdón y la pacífica convivencia de todos". Lo que supondría un "trato diferenciado" para "ciertos hechos" que se dieron durante la guerra.

Asimismo, se aclara que Guatemala no firmó ningún tratado internacional en el cual se reconozcan como "imprescriptibles" los delitos de Lesa Humanidad. Por ese motivo, la legislación nacional estaría acorde a este perdón para los criminales de guerra.

Las modificaciones fundamentales del texto

Uno de los puntos centrales de la reforma de la Ley de Reconciliación Nacional es el cambio en el Artículo 5°. La nueva redacción sostiene que "se declara la amnistía o extinción total de la responsabilidad penal por los delitos que, hasta la entrada en vigencia de esta ley, hubieran cometido en el enfrentamiento armado interno, como autores, cómplices o encubridores", quienes integraban "la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), así como las autoridades del Estado, miembros de sus instituciones o cualquiera otra fuerza establecida por ley".

Asimismo, se busca establecer que quien se encuentre "en cumplimiento de condena o se encuentre en proceso penal y se le decretaron medidas de coerción (...) se le deberá decretar la amnistía y el sobreseimiento en su caso, y ordenarse su libertad por el tribunal correspondiente en el plazo de veinticuatro horas".

Repudio nacional e internacional

Las críticas y cuestionamientos a esta iniciativa no se hicieron esperar. Dentro del país el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, así como víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra, han rechazado el proyecto de plano. Internacionalmente han manifestado su preocupación distintos países como EE.UU. y Suecia, que llamó a consultas a su embajador en Guatemala, así como también la organización Amnistía Internacional.

"Cualquier persona con sentido común y con un afán mínimo de justicia sabe que esta iniciativa pretende impunidad en tiempo donde se añora la justicia", declaró Rodas a los medios. Y aseguró que, si se aprueba, tendrá que "accionar legalmente", ya que se estarían violando "estándares internacionales que han sido ratificados por el Estado de Guatemala".

Adelantándose al procurador, distintas organizaciones sociales y víctimas del conflicto ya presentaron un amparo ante la Justicia buscando frenar la reforma de la ley.

Por su parte, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló a través de un comunicado que se están poniendo en riesgo "los avances de la última década en la investigación y enjuiciamiento de los responsables en casos de violaciones de derechos humanos en Guatemala".

Consideró también que estos han sido posibles "gracias a los valientes e incasables esfuerzos de las víctimas, sus representantes legales, fiscales y las personas y organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos".

El horror del conflicto

En el mismo texto, la organización recordó que fue recién a partir de 2008 que "llegaron ante la justicia los primeros casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno". Como resultado de esto, hasta el momento fueron condenados "al menos 30 antiguos mandos militares, comisionados militares y ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) por los delitos de tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual y esclavitud sexual".

Por su parte, el analista internacional Sergio Maydeu-Olivares recordó en Twitter que una investigación de la Comisión de Esclarecimiento Histórico estableció en 1999 que fueron 669 masacres las que cometieron tanto el Ejército, las PAC y la URNG. Además, resaltó un dato muchas veces ignorado: "El 83% de todas las personas asesinadas o desaparecidas fueron indígenas".

El proceso penal más conocido fue el del exdictador, que gobernó entre 1982 y 1983, Efraín Ríos Montt. Si bien fue condenado en 2013 a 80 años por el delito de genocidio, luego su juicio fue anulado por el Tribunal Constitucional. El militar falleció en 2018 sin reconocer ninguno de sus crímenes ni haber pagado por ellos.

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