El asesinato de un líder popular desata el enojo de varios pueblos en contra de López Obrador

El presidente impulsa una consulta para definir el futuro de la planta termoeléctrica de Huexca, a la que se oponen campesinos y movimientos sociales, en el primer choque directo entre el mandatario y los pueblos indígenas.

"Samir, no moriste, el gobierno te mató", grita Amilcingo, el pueblo mexicano que se convirtió en un río de gente llorando.

Fue así como los pobladores de la localidad ubicada en el estado de Morelos, México, despidieron al activista Samir Flores, quien fue asesinado en la entrada de su casa, tras ser uno de los principales opositores a la instalación de una termoeléctrica en Huexca, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"El golpe dado no es contra una persona, es a toda la comunidad", dice una mujer al micrófono durante la ceremonia religiosa celebrada en la casa de Samir, a la cual asistieron alrededor de 1.000 personas de pueblos cercanos y grupos de activistas.

No habían pasado 48 horas desde su asesinato, luego de que un hombre no identificado le disparó con un arma de fuego, cuando el rostro del activista con la consigna "Samir vive", aparecía estampada en muros, camisetas y pancartas.

El crimen contra Flores, despertó el enojo de los habitantes de varios pueblos que desde 2012 se han resistido a la instalación de la central eléctrica, por temor de que la operación de la planta contamine el agua de la cual dependen miles de campesinos en la zona.

Tras el asesinato de Samir, quien era locutor en la radio comunitaria de Amiltzcinko y uno de las personas más queridas de la comunidad, se sienten ahora traicionados por el Gobierno de López Obrador, luego de que el ahora presidente externó en 2014 su respaldo a la comunidad.

"Imagínense que quieren construir una termoeléctrica, en la Anenecuilco, la tierra en donde nació el mejor dirigente social que ha habido en la historia de México, Emiliano Zapata", comentó López Obrador en mayo de 2014, durante una gira por el municipio de Yecapixtla, Morelos. "No queremos la construcción del gasoducto o de la termoeléctrica o de las minas, ya que van a destruir el territorio y contaminar las aguas", agregó.

Aunque ya en el poder López Obrador cambió su postura sobre el tema, los pueblos de Morelos todavía recuerdan aquel episodio y a la luz de acontecimientos recientes, lo consideran una traición.

Un enojo que se incrementó, luego de que López Obrador llamara "radicales conservadores" a los opositores a la planta eléctrica.

"Obrador decía que todo cambiaría. ¡Mentira, mentira, la misma porquería!", coreban entre lágrimas los habitantes de Amilcingo, justo a la entrada del panteón comunitario para dar el último adiós al activista.

Aunque la Fiscalía de Morelos aseguró que los principales sospechosos del homicidio son integrantes del crimen organizado, luego de que el Gobierno estatal aseguró que fue encontrada una cartulina con un mensaje en el lugar del ataque, la gente de los poblados cercanos a la termoeléctrica de Huexca no duda en señalar al Gobierno como responsable.

De acuerdo con testimonios de algunas personas que estuvieron con Samir cuando murió al ser trasladado al hospital, recabados por RT, al momento de los disparos no existía ninguna cartel con un mensaje. Por ello, familiares y amigos sospechan que la pancarta a la que se refiere la Fiscalía de Morelos pudo ser sembrada por policías.

Esto, debido a que el activista no tenía ningún antecedente de conflictos con grupos criminales. Pero sí había confrontado al delegado de López Obrador en el estado de Morelos, Hugo Erik Flores, durante una reunión del Gobierno federal con opositores a la termoeléctrica en los días previos al homicidio.

Tras el asesinato de Samir, habitantes de comunidades como Huexca y Amilcingo, y grupos de activistas en Cuernavaca, llamaron a boicotear la consulta ciudadana convocada por López Obrador para definir el destino de la termoeléctrica, la cual se realizará el 23 y 24 de febrero.

El nieto de Zapata se manifiesta contra Obrador

A pesar de que el presidente declaró 2019 como el año de Emiliano Zapata, líder popular de la Revolución Mexicana, el nieto del caudillo popular, Jorge Zapata, recriminó a López Obrador impulsar un proyecto de infraestructura con repudio de los campesinos de la zona, precisamente, en las tierras donde vivió el dirigente revolucionario.

"No nos mataron un animal, nos mataron un líder muy querido por todos los que estamos en esta lucha", dijo el nieto de Zapata durante una asamblea popular. 

"Yo creo que la única manera de este problema se vaya minimizando es que no haya encuestas, que se tomen todas las casillas y no haya ninguna encuesta, que al fin y al cabo es ilegal", aseguró.

Apenas unos días antes, el pasado 11 de enero, Jorge Zapata fue invitado por el presidente López Obrador para conmemorar el "Año de Zapata".

Pero fue hasta el 10 de febrero, que el descendiente del general Zapata se pronunció contra López Obrador, luego de que los opositores al Proyecto Integral Morelos entregaron en Palacio Nacional un informe que fue ignorado por el presidente.

"Las consultas las gana el que las hace. No es una consulta oficial porque no participa el órgano electoral. Ellos tienen amañada esa consulta. No vamos a permitir el uso del agua del río Cuautla para las termoeléctricas", declaró Jorge Zapata.

Los inconformes solicitaron al presidente posponer la consulta para que ésta sea legalmente vinculante, ya que -al igual que ocurrió con el tema del Nuevo Aeropuerto de México- la manera en que López Obrador ha organizado estos plebiscitos, al margen de la ley, ha dejado inconformes a muchas personas que consideran que el procedimiento busca imponer y legitimar decisiones tomadas de antemano por el presidente.

AMLO rechaza acusaciones

En respuesta a los señalamientos en su contra, el presidente de México calificó como "insensatos y exagerados" a quienes lo responsabilizaron por el asesinato de Samir Flores y mantuvo en pie la realización de la consulta pese a las protestas.

Este viernes, durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario suscribió un convenio con Naciones Unidas, vía la Unesco, para que el organismo internacional dé acompañamiento técnico y científico, para garantizar la calidad del agua a partir del funcionamiento de la Central Termoeléctrica Huexca, que es propiedad de la Comisión Federal de Electricidad.

López Obrador explicó que para poder operar, la planta necesita estar conectada a un gasoducto que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Pero no se ha podido conectar dicho gasoducto con la termoeléctrica porque resta un tramo de entre 100 y 150 metros, que pasa por terrenos de ejidatarios que desde un inicio se opusieron a la instalación de la planta eléctrica.

"Hubo gente detenida, encarcelada, todo un movimiento en contra de este proyecto. Llegamos y nos encontramos esta situación", argumentó López Obrador.

El mandatario agregó que la planta y la inversión de esta obra es alrededor de 25.000 millones de pesos (1.304 millones de dólares), y que como la termoeléctrica es propiedad de la nación, "si la planta no funciona la planta se pierde esa inversión, que es presupuesto público, dinero del pueblo".

"Con esa planta alumbramos, tendríamos capacidad para generar energía eléctrica y satisfacer la demanda de energía eléctrica de todo el estado de Morelos", sostuvo. De lo contrario, el Gobierno tendría que seguir pagando a empresas extranjeras para abastecer la demanda de energía, según palabras de López Obrador.

También señaló que, según diversos estudios académicos realizados por el Gobierno, la termoeléctrica no contaminará el agua.

"La oposición sostiene que se afecta el agua, que se contamina el agua. Tenemos elementos para decir que no hay esa contaminación y que además estamos dispuestos a que haya una supervisión, como ya lo dije, de la ONU sobre este proyecto", dijo el mandatario antes de firmar el convenio con la Unesco.

Además, el presidente ofreció bajar las tarifas de la luz eléctrica a las comunidades y municipios afectados por la construcción de la obra.

Se prevé que, pese a las protestas, la consulta para definir el futuro de la planta termoeléctrica se realice el 23 y 24 de febrero. Los opositores amagaron con no dejar instalar las casillas en sus comunidades como una forma de boicot a la consulta planteada por el Gobierno.

Manuel Hernández Borbolla

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