Un juez español paraliza cautelarmente la licencia urbanística para la exhumación de Franco
El juez José Yusty Bastarreche, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de Madrid, ha procedido a suspender cautelarmente el informe urbanístico que permitía las obras de exhumación de Franco de la basílica del Valle de los Caídos.
El auto dictado por el magistrado, al que ha tenido acceso el diario español El Independiente, paraliza de esta manera la autorización municipal para la ejecución de las obras que el Gobierno de Pedro Sánchez ha previsto para sacar los restos del dictador de su actual emplazamiento en el Valle de Los Caídos. En su texto, el juez además estima que "no se aprecia especial urgencia en la exhumación del que fue Jefe del Estado", y argumenta esta consideración señalando "que lleva enterrado en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos desde el día 23 de noviembre de 1975, es decir, más de 44 años".
El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (municipio al que pertenece el Valle de Cuelgamuros, donde se encuentra el monumento franquista) había emitido un informe favorable a la concesión de la licencia de las obras menores necesarias para acometer la exhumación, entre las que se detallaban el "levantado del pavimento de mármol", la "retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco" y su "traslado a otro lugar".
Conocido en España por sus posturas ultraconservadoras, Yusty Bastarreche ha criticado abiertamente la actual Ley de Memoria Histórica, bajo cuyo amparo el Ejecutivo trata de llevar a cabo la mencionada exhumación. En opinión del magistrado, tal como quedó expresada en un artículo de 2007 al que tuvo acceso eldiario.es, el Gobierno –también socialista– de Rodriguez Zapatero, que impulsó en aquel mismo la ley en cuestión, estaba movido por las "oscuras intenciones" de "revivir, todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra Patria a aquellos momentos difíciles", en referencia a la Guerra Civil española.
Yusty Bastarreche también fue el responsable de la suspensión, en 2017, de un acto celebrado en Madrid a favor del "derecho a decidir", en relación al por entonces inminente referéndum soberanista catalán, que sería suspendido y posteriormente declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.