La Justicia argentina pronunció su fallo en la causa por encubrimiento del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), donde se investigaron las irregularidades cometidas por el Ejecutivo y el Poder Judicial para desviar las indagaciones del caso donde 85 murieron tras el ataque terrorista perpetrado en 1994 en la Ciudad de Buenos Aires.
El expresidente Carlos Saúl Menem, sospechado de ordenar desviar la investigación para evitar indagar sobre la implicancia de ciudadanos sirios en el crimen, terminó absuelto. En octubre del año pasado, el senador nacional también había obtenido la absolución en el caso donde era acusado de traficar armas a Croacia y Ecuador.
Por su parte, el ex jefe de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión, tras ser encontrado culpable de encubrimiento y favorecimiento personal, entre otras adjudicaciones. Asimismo, el antiguo magistrado del caso, Juan José Galeano, recibió seis años de cárcel por haber encubierto, desviado la investigación y privado de la libertad de modo ilegítimo a testigos.
Además, hubo condenas para fiscales y Carlos Telleldín, un vendedor de autos encontrado culpable de recibir un soborno para inculpar a efectivos de la Policía Bonaerense: pasará tres años y medio tras las rejas.
En total, la Justicia local emitió ocho penas y cinco absoluciones, y entre los que quedan en libertad están: el ex presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Rubén Beraja; el abogado Víctor Stinfale; el ex director de la ex Secretaría de Inteligencia, Patricio Pfinnen; y el ex comisario Jorge "Fino" Palacios, quien fue nombrado por Macri como jefe de la Policía Metropolitana cuando gobernaba la capital argentina.
Dentro de sus consideraciones más destacables, el Tribunal expuso que en la causa hubo "graves violaciones a los derechos humanos".
El atentado
La AMIA explotó el 18 de julio de 1994 dejando un saldo de 85 víctimas, en circunstancias que todavía son inciertas. Se trata del peor ataque terrorista de la historia de ese país sudamericano y se cometió a tan solo dos años del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, donde 22 personas fueron asesinadas.
- Contexto internacional
Por aquellos años, Carlos Saúl Menem, del Partido Justicialista (PJ), era el presidente argentino y su Administración sostenía estrechas sociedades con Washington, algo que fue denominado como 'relaciones carnales' por gran parte de la sociedad local. Previo al atentado, Argentina intentó ser mediador en la tensión que Israel sostenía con naciones árabes vecinas, un conflicto que era ajeno para Sudamérica hasta ese entonces. De hecho, la primera gira que hizo Menem a Oriente Medio en calidad de mandatario comenzó en Israel, histórico socio de EE.UU., hecho que lo convirtió en el primer presidente argentino en pisar Tel-Aviv, por aquel tiempo la capital del país hebreo.
Antes de asumir el poder, la postura del dirigente peronista era bien distinta: durante su campaña electoral fue a Siria, tierra de sus ancestros, para conseguir fondos y cerrar compromisos de tecnología nuclear en caso de obtener la Presidencia. Según repasa la magíster en integración y cooperación internacional, Ornela Fabani, hasta lanzó la idea de abrir una oficina de la Organización para la Liberación Palestina (OLP) en Buenos Aires, generando optimismo en el mundo árabe. También prometió que volvería a Damasco apenas fuese electo presidente, pero eso no sucedió.
Tras el cambio de posicionamiento, percibido como una traición, el líder sirio Hafez al-Asad rechazó una cita solicitada por el mandatario argentino, demostrando así que las relaciones estaban quebradas. Menem pudo volver a Siria recién en 1994, el mismo año del atentado a la AMIA, y comunicó la intención israelí de avanzar en negociaciones con Damasco para evitar los enfrentamientos limítrofes, sin éxito.
Uno de los pilares del fallo que emitió este jueves la Justicia argentina, es que se desvió la denominada 'pista siria' de la investigación principal sobre el atentado. En otras palabras, el foco de las autoridades judiciales y políticas de aquel tiempo apuntaban exclusivamente a Irán, que tiene a ciudadanos implicados, desechando otras hipótesis. Durante muchos años, la tensión que se generó entre la Administración de Menem y el Gobierno sirio no fue tenida en cuenta a la hora de indagar sobre el ataque terrorista.
La causa judicial
La investigación principal del caso estuvo plagada de irregularidades, a tal punto que el juez Juan José Galeano tuvo que ser apartado en 2003 y destituido en 2005. De hecho, cuando comenzó el juicio oral, el Tribunal decidió anular todo el expediente por la cantidad de faltas graves que contenía.
Así, se inició un segundo juicio, que investigó las fallas del primero. En la 'causa de encubrimiento', como se la conoce popularmente, se acaba de juzgar el pago de 400.000 dólares a Carlos Telleldín, un vendedor de autos usados, para que inculpara falsamente a efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. También se falló sobre la coacción y privación de la libertad de testigos y, como ya se mencionó, el desvío de la 'pista siria', que apuntaba a un empresario allegado de Menem: Alberto Kanoore Edul.
- Implicaciones políticas
El atentado a la AMIA sigue teniendo sus repercusiones políticas incluso en la actualidad. De hecho, una de las solicitudes de prisión preventiva que pesan sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, posible candidata para las elecciones del 2019, se debe a la presunta intención de haber pedido levantar las alertas rojas que Interpol tenía sobre ciudadanos iraníes involucrados en el caso. Aquel entramado no se pudo demostrar y fue desmentido públicamente por Ronald Noble, quien dirigía el organismo cuando Kirchner era presidenta, pero el juez Claudio Bonadío nunca tomó sus declaraciones en el caso.
Como antecedente, el fiscal del caso AMIA que denunció esta supuesta maniobra de Kirchner, Alberto Nisman, apareció muerto en enero de 2015 antes de argumentar su acusación frente al Parlamento, lo que agravó aún más la situación. Asimismo, según revelan varios cables de WikiLeaks, la Embajada de EE.UU. guiaba al funcionario judicial en su labor: "No hay que orientarse a la 'pista siria' ni a la conexión local. Seguir esas pistas podría debilitar el caso internacional en contra de los acusados iraníes", dice uno de ellos, citado por Página 12.
Reacciones
Memoria Activa, una agrupación de familiares de víctimas que nunca creyó en la 'versión oficial' del atentado, afirmó que "fueron penas muchos más bajas" de las pedidas por las querellas, aunque destacó que se comprobaron varios delitos que denunciaban hace años.
Otros comunicadores compararon la situación judicial de los implicados vinculados al Gobierno de Mauricio Macri, con el complicado panorama de Cristina Kirchner.
Así las cosas, todavía restan por conocerse las argumentaciones del fallo.