El Gobierno mexicano investiga a una universidad pública por el presunto desvío de 156 millones de dólares a través de operaciones en Suiza, España y Reino Unido.
El martes 26 de febrero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que bloqueó las cuentas bancarias de una universidad porque detectó "movimientos financieros inusuales".
Este viernes, el titular de la UIF, Santiago Nieto, reveló que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) habría recibido 156 millones de dólares de transferencias bancarias provenientes de Suiza, en cuentas de 22 países, entre ellos España y Reino Unido.
Nieto aseguró que no se trata de ninguna "persecución política", sino que es un tema "afecta la estabilidad del sistema financiero" y tendrá que ser esclarecido.
Rector lo niega
El rector de la UAEH, Adolfo Pontigo, tildó de "desafortunadas declaraciones" las esgrimidas sobre las irregularidades en las que presuntamente incurrió la institución.
En un comunicado de prensa, Pontigo aseguró que hasta el momento no han recibido notificación de ninguna autoridad competente sobre el supuesto desvío, razón por la cual han iniciado las "estrategias legales que correspondan".
"No tenemos ningún dinero que no sea de la Universidad a nombre de la Universidad, tampoco hemos recibido dinero de ningún país. El dinero que está depositado en las cuentas de la Universidad, no de ninguna persona, es dinero estrictamente de la institución", declaró Pontigo, según información de Excélsior.
El método de las universidades
Aunque el Gobierno federal no informó a detalle sobre el presunto lavado de dinero en el que habría incurrido la UAEH, y el rector de la institución lo negó, una decena de universidades públicas mexicanas se han visto involucradas en desvío de recursos en los últimos años.
Una investigación de Animal Político junto a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló un complicado esquema usado por el Gobierno federal para desviar más de 3.433 millones de pesos (aproximadamente 178,1 millones de dólares).
En el esquema utilizado para desviar recursos participaron 11 dependencias federales, 186 empresas (11 de ellas compañías fantasma) y 8 universidades públicas, que actuaron como cómplices de las dependencias.