El Gobierno de México investiga al menos 50 importantes casos de corrupción en el sector salud durante la pasada Administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó este lunes que presentarán las denuncias contra quien resulte responsable, incluyendo a "personajes de la Administración anterior".
"Estamos en estos momentos preparando los casos de defraudación fiscal, los casos de operaciones simuladas y, por supuesto, los temas relacionados con salud y la próxima semana podremos dar información al respecto", dijo Nieto al salir del Palacio Nacional de Ciudad de México, según información de la agencia Notimex.
Desvíos en el sector
Una investigación de la organización Impunidad Cero reveló que, entre 2012 y 2016, las irregularidades detectadas en el Seguro Popular (servicios de salud diseñados para la gente que no cuenta con seguridad social) y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) ascienden a 88.405 millones de pesos (aproximadamente 4.581 millones de dólares).
Bajo ese panorama, la organización interpuso 64 denuncias en contra de funcionarios y exfuncionarios de las 32 estados por los desvíos en el sector salud.
Entre las irregularidades detectadas en el sector salud se encuentran contratos celebrados con empresas fantasma; pagos por servicios o medicinas sin documentación que lo comprobara; y sobreprecios pagados por los estados, entre otros.
Un nuevo plan en salud
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció en diciembre del año pasado que buscaban desaparecer el Seguro Popular para crear un nuevo sistema de salud, en la que los Gobiernos estatales entregarían la administración de todos los hospitales públicos al Gobierno federal, con el fin de lograr una mayor integración en los servicios de salud.
Tras el anuncio, Impunidad Cero pidió al Gobierno que continúe con las investigaciones y sancione a los responsables de los desvíos.
"El mal uso de los recursos públicos en el sector salud es especialmente grave, pues representa una violación directa al derecho a la salud. La falta de sanción a los funcionarios responsables por las irregularidades detectadas permite que se sigan cometiendo estos abusos", señaló la organización en un comunicado de prensa.
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