¿En qué consiste la Ley Helms-Burton que permitirá demandar en EE.UU. a empresas cubanas por "expropiar bienes"?
El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este lunes que, a partir del próximo 19 de marzo, estará permitido presentar demandas judiciales en tribunales estadounidenses contra las empresas cubanas incluidas en la llamada 'Lista de Entidades Cubanas Restringidas', que incluye compañías e instituciones que, desde el punto de vista estadounidense, se benefician de "bienes incautados" por el Gobierno cubano tras la Revolución.
La decisión, anunciada en un comunicado oficial, está amparada por la Ley Helms-Burton, cuyo título III permite reclamar ante cortes de EE.UU. propiedades que fueron confiscadas tras el ascenso de Fidel Castro al poder. Este artículo en concreto fue objeto de una querella presentada hace 22 años por la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio, y Washington accedió a suspenderlo a cambio de paralizar el trámite judicial.
Lo que ha anunciado este lunes el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, es una excepción concreta a la suspensión del artículo III, especificando que "el derecho a emprender acciones legales contra una entidad o sub-entidad cubana identificada por su nombre" en la mencionada lista de entidades restringidas deja de estar suspendido, y en consecuencia se puede ejercer.
.@SecPompeo: Hoy anuncio una excepción a la suspensión de 30 días del Título III de la Ley de Libertad. Debemos responsabilizar a Cuba y restituir a reclamantes de EE.UU. por activos incautados por el gobierno cubano. Hacer negocios con Cuba no merece traficar bienes confiscados.
— USA en Español (@USAenEspanol) 4 de marzo de 2019
La decisión constituye fundamentalmente un gesto simbólico, en la medida en que si las compañías cubanas se negaran a pagar las indemnizaciones requeridas, los EE.UU. carecen de autoridad jurídica efectiva para obligarles a cumplir una supuesta sentencia en su contra.
No obstante, las reacciones desde el lado cubano han sido prácticamente inmediatas. "La Helms Burton es absurda, una ley ilegal. No se puede legislar contra el mundo, ni desconocer la soberanía de cada país. Cuba es una nación independiente y soberana que respeta y exige respeto. Señores imperialistas, aprendan de una vez: la dignidad es invencible", afirmó el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en su cuenta de Twitter.
La Helms Burton es absurda, una ley ilegal. No se puede legislar contra el mundo, ni desconocer la soberanía de cada país. #Cuba es una nación independiente y soberana, que respeta y exige respeto. Señores imperialistas aprendan de una vez: la dignidad es invencible #SomosCuba🇨🇺 pic.twitter.com/3nXuuMO2AU
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 5 de marzo de 2019
Por su parte, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, ha expresado su enérgico rechazo al anuncio del Departamento de Estado de EE.UU., y lo ha señalado como "un acto hostil e irresponsable", orientado a "recrudecer el bloqueo y asfixiar la economía cubana".
Rechazo enérgicamente anuncio del Dpto. de Estado #EEUU de autorizar demandas, bajo Título III de la Ley Helms-Burton, contra lista de compañías cubanas sancionadas arbitrariamente por el gob. de Trump. Prórroga 30 días en el resto de los casos es inaceptable amenaza vs. el mundo
— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 4 de marzo de 2019
En listado de entidades restringidas fue actualizado por última vez por el Ejecutivo en noviembre de 2018, y desde entonces recoge 205 entidades, entre las que se encuentran indistintamente instituciones como el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o la compañía hostelera local Gaviota, junto a establecimientos hoteleros como el Meliá Marina Varadero. En Cuba son numerosos los hoteles que pertenecen a empresas controladas por las Fuerzas Armadas y operados en régimen de empresa mixta por entidades extranjeras.
Desde su promulgación en 1996, la Ley Helms-Burton ha sido objeto de controversia internacional por entrar en conflicto con intereses comerciales de diversos países en el mundo. Desde la legislación de Cuba, la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas del 24 de diciembre de 1996 establece que dicha norma es "ilícita", "inaplicable" y niega su eventual efecto jurídico, además de considerar nula toda reclamación amparada en dicha ley, por cualquier persona natural o jurídica.
La medida aplicada este lunes por el Departamento de Estado estadounidense deja de tener efecto el 17 de abril, momento en el que Pompeo decidirá si la prorroga.