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Denuncian a un gobernador argentino por impedir el aborto legal a una niña de 11 años

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La menor había quedado embarazada luego de ser violada por la pareja de su abuela. Funcionarios políticos y sanitarios demoraron deliberadamente el procedimiento y finalmente se le practicó una cesárea.
Denuncian a un gobernador argentino por impedir el aborto legal a una niña de 11 años

La semana pasada una niña de 11 años, oriunda de la provincia argentina de Tucumán, fue obligada a dar a luz en la semana 23 de gestación. Por esa razón, las abogadas Elizabeth Gómez Alcorta y Gabriela Carpineti presentaron una denuncia por el delito de abuso de autoridad contra el gobernador del distrito, Juan Manzur, y otros funcionarios.

La menor, denominada 'Lucía' para preservar su verdadera identidad, había sido víctima de una violación por parte de la pareja de su abuela y, tal como estipula la legislación argentina, podía acceder a un aborto.

Si bien 'Lucía' había pedido que se le practicara la interrupción legal del embarazo -de acuerdo al artículo 86 del Código Penal, vigente desde 1921- y contaba con el aval de su madre, este no se llevó a cabo.

Funcionarios políticos de la provincia y miembros del personal de salud demoraron deliberadamente la intervención, lo que vulneró los derechos de la niña. Finalmente, por lo avanzado del embarazo, se le debió practicar una cesárea que ha sido denunciada como un parto forzado.

Distintas organizaciones de Derechos Humanos y feministas denunciaron lo sucedido como un caso de violencia institucional, que hasta podría ser tipificado como tortura.

Según el expediente judicial, reseñado por Página/12, la menor declaró ante una psicóloga: "Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo". Como consecuencia del trauma, la niña tuvo varios intentos de suicidio.

Al momento de realizar la cesárea, casi todos los profesionales de la salud se declararon objetores de consciencia, es decir, se negaron a llevar a cabo la intervención aunque no se tratara de un aborto, sino de un parto.

Frente a esta situación, la obstetra Cecilia Ousset y su esposo, el médico José Gigena, fueron convocados especialmente para llevar a cabo el procedimiento. Según declaró la profesional al diario The Guardian, nunca fue su intención "obligar a la niña a dar a luz".

Sin embargo, debido a las condiciones de salud de Lucía (pesa menos de 50 kilos y padece hipertensión), un aborto era muy peligroso. "Una intervención vaginal a las 23 semanas es un procedimiento prolongado. Hay que aplicar diferentes medicamentos durante tres días. También es extremadamente doloroso. Lucía no estaba en condiciones de soportar eso", aseguró Ousset.

La denuncia contra los funcionarios

A partir de estos hechos, este miércoles se presentó una denuncia penal contra el gobernador de Tucumán, Juan Manzur; la ministra de Salud de esa provincia, Roxana Chalha; el secretario de la misma cartera, Gustavo Vigliocco; y la directora del Hospital Este Eva Perón, donde se llevó a cabo la cesárea, Elizabeth Ávila, entre otros funcionarios.

La acción judicial es impulsada por las abogadas Elizabeth Gómez Alcorta y Gabriela Carpineti. La medida fue respaldada por dirigentes políticas y feministas como Ofelia Fernández, Cecilia 'Checha' Merchán, María Luciana Moreno, María Fernanda Fernández y Victoria Freire.

"La denuncia no solo es contra los funcionarios de la cartera de Salud de Tucumán y el gobernador, sino también contra ciertos funcionarios judiciales: una fiscal y el titular de la Defensoría de la provincia", explicó a este medio Gómez Alcorta.

La abogada agregó que se les acusa de "haber llevado adelante acciones o de haber dictado resoluciones contrarias a las leyes", lo que está tipificado como abuso de autoridad.

En este caso, precisó Gómez Alcorta, esas decisiones "obstaculizaron el cumplimiento del aborto legal de la niña Lucía, que había sido violada y que, tanto el Código Penal como el protocolo en casos de violencia sexual, habilita a llevar adelante por medio del sistema de salud pública".

La abogada argumentó que decidieron demandar porque el accionar de funcionarios públicos "que deben, por ley, asegurar el cumplimiento de los derechos de todas las personas, no puede convertirse en un obstáculo, dejando doblemente desamparada a una niña".

Finalmente, denunció que estos comportamientos "se inscriben en el marco de un fundamentalismo conservador de parte de ciertos sectores muy reaccionarios" que, a su juicio, son capaces de obligar a una menor de edad a "llevar adelante una cesárea en una sala de parto como una demostración de un poder absolutamente autoritario, misógino y machista".

Santiago Mayor

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