El Gobierno de EE.UU. investigó a periodistas y activistas que siguieron los pasos de la caravana de migrantes

El Gobierno de EE.UU. vigiló a periodistas y activistas que cubrieron la caravana de migrantes que partió desde Centroamérica en octubre de 2018, para registrarlos en una base de datos secreta, según una serie de documentos filtrados a una televisora estadounidense.

Los datos de periodistas y activistas incluían informes con fotos de pasaportes o cuentas en redes sociales, fecha de nacimiento y otros detalles, de acuerdo con la documentación entregada a la televisora NBC 7 de San Diego, California (EE.UU.), por una fuente del Departamento de Seguridad Nacional bajo condición de anonimato.

Esta persona explicó al citado medio que los documentos demuestran que existe una aplicación que utilizan de manera conjunta los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Patrulla Fronteriza de los EE.UU. y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

La recopilación de estos datos de inteligencia se realizaron bajo la denominada 'Operación Línea Segura', diseñada para vigilar la caravana de migrantes.

Entre las personas investigadas están 10 periodistas –siete de ellos ciudadanos estadounidenses–, un abogado estadounidense y 47 personas de diversas nacionalidades clasificadas como organizadores, instigadores o con el término "desconocido".

Reacciones

En una carta aclaratoria de la CBP enviada a la agencia AP, la oficina señaló que la medida de seguridad se produjo tras un incidente en la franja fronteriza de San Diego el pasado 25 de noviembre, durante una confrontación entre miembros de la caravana de migrantes y agentes. 

"[Estos] actos delictivos, que incluyeron agresiones a la Policía y un riesgo para la seguridad pública, son vigilados e investigados rutinariamente por las autoridades", dijo la CBP.

"Por protocolo, después de estos incidentes se recopilan evidencias que puedan ser necesarias para futuras acciones legales y para determinar si el acto fue orquestado", indicó la dependencia.

Sin embargo, el comunicado no especificó la razón por la cual aparecían periodistas en las indagatorias realizadas por la CBP.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) condenó la operación realizada por el Gobierno de EE.UU. al calificarla como una violación legal.

"El Gobierno no puede usar el pretexto de la frontera para atacar a activistas que critican sus políticas, abogados que brindan representación legal o periodistas que simplemente hacen su trabajo. Estamos explorando todas las opciones en respuesta", señaló la organización en su cuenta de Twitter.

Nicole Ramos, directora de refugiados y abogada de la organización Al Otro Lado, un centro legal para migrantes y refugiados en Tijuana (México) y una de las personas investigadas por EE.UU., calificó el hecho como una medida represiva contra quienes apoyan a los migrantes.

"El documento parece demostrar lo que asumimos hace un tiempo: que estamos en una lista de las autoridades diseñada para tomar represalias contra los defensores de los derechos humanos que trabajan con solicitantes de asilo y que son críticos con las prácticas de la CBP que violan los derechos de los solicitantes de asilo", dijo Ramos en un correo electrónico enviado a la televisora.

El analista político Roberto Quesada opina que esta vigilancia de los periodistas y activistas se debe a que Washington sigue sus propios intereses a cuenta de los migrantes. "La crisis humanitaria de la caravana la origina el mismo Estados Unidos", sostuvo Quesada en un comentario para RT.

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