El fiscal a cargo de investigar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el caso conocido como "la causa de los cuadernos", donde se indagan presuntos casos de corrupción vinculados a la dirigente opositora, está envuelto en un escándalo al ser sospechado de liderar una banda que extorsionaba a implicados en procesos judiciales pidiendo enormes sumas de dinero.
Según la acusación, se cree que el grupo amenazaba ejerciendo una fuerte presión mediática a sus víctimas: el periodista de Clarín, Daniel Santoro, podría haber sido parte de esta aparente triangulación delictiva, que deberá resolver la Justicia local.
La causa donde Carlos Stornelli está imputado por seis delitos distintos, entre los que se destaca el "espionaje ilegal", recién comienza, y aunque lógicamente todavía no hay una sentencia, muchas de las pruebas en su contra se hicieron públicas, y en su gran mayoría son insólitas. El periodista argentino Horacio Verbitsky tuvo acceso a la denuncia y difundió fragmentos de escritos, fotos, videos y hasta audios de WhatsApp que comprometen al encargado de investigar a Kirchner.
Allí aparece la figura de Marcelo D'Alessio, quien en varias comunicaciones se presenta en nombre del fiscal, le reclama a un empresario el pago de 300.000 dólares y amenaza con que, si no se los da, sería perjudicado en una investigación por corrupción, la popular "causa de los cuadernos", que complica al kirchnerismo. El nexo del aparente extorsionador con Stornelli está comprobado por diversas imágenes y conversaciones, que ya dejaron de ser un secreto.
Aunque todavía se desconoce la verdadera identidad de D'Alessio, en las grabaciones de voz se adjudica tener un alto cargo en la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) y afirma trabajar codo a codo con Patricia Bullrich, la actual ministra de Seguridad en el Gobierno de Mauricio Macri. De hecho, era invitado con frecuencia a medios locales, presentado como un supuesto experto en narcotráfico, y solía elogiar la actual gestión del Ministerio en la materia.
"Consulté, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, a la embajada de EE.UU. si D'Alessio estaba vinculado a servicios de inteligencia. No recibí respuesta", relató el juez a cargo de la investigación, Alejandro Ramos Padilla, este miércoles mientras exponía ante el Parlamento todas las pruebas recogidas hasta ahora. En efecto, se trata de un caso de alta gravedad institucional, pero el oficialismo no se presentó al Congreso por considerarla una simple maniobra de la oposición.
En su disertación, que duró varias horas, el magistrado contó que allanaron el domicilio de D'Alessio, donde encontraron documentos de inteligencia con el sello de la embajada estadounidense, aunque resta por certificar su veracidad, y otros presuntos archivos del Ministerio de Defensa israelí. El expediente judicial lleva pocos días en actividad, pero se vislumbra un escándalo internacional de alcances difíciles de dimensionar. Por lo pronto, la estrategia de Stornelli es intentar apartar al juez del caso, tal vez por ello el magistrado optó por compartir todas las evidencias con la sociedad argentina, en caso de que la investigación recaiga en otro colega.
En el allanamiento realizado al supuesto agente de la DEA se encontró un documento titulado "Informe (Alejandro) Fantino", un popular comunicador de televisión, conductor del programa 'Animales sueltos'. A partir de eso, la sospecha radica en que uno de los panelistas del ciclo, el periodista de Clarín Daniel Santoro, pudo haber realizado tareas de espionaje para determinar la ideología política de sus compañeros de estudio, trabajando en conjunto con el agente, que incluso fue invitado al programa en varias ocasiones. De hecho, así lo consideró la Comisión Provincial por la Memoria, de amplia experiencia analizando operaciones de inteligencia, que estudió los papeles a pedido del juez: "Es una clara acción de inteligencia, mediante infiltración", calificó. A su vez, mediante un comunicado, sostuvo que "estas prácticas ponen en peligro al propio sistema democrático".
Desde que se destapó la polémica, el periodista Santoro no volvió a aparecer en el programa televisivo, que suele tocar temáticas políticas. Según explicó el magistrado ante la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso argentino, la motivación del espionaje sobre los periodistas habría sido "una reunión que Fantino —el conductor—mantuvo en privado con la expresidenta Cristina Kirchner". Aquel encuentro con la principal opositora de Mauricio Macri alertó al grupo irregular, y a raíz de allí, se habrían iniciado las tareas de inteligencia. Asimismo, hay más periodistas que fueron víctimas de estos informes ilegales de inteligencia "paraestatal", como la llamó el juez Ramos Padilla.
Varios de los dirigentes de la oposición que hoy están presos, con pedidos de prisión preventiva o procesos judiciales en su contra, tienen acusaciones basadas en testimonios de "arrepentidos". Es decir, personas imputadas en causas que deciden inculpar a otros, algo muy habitual en el sistema jurídico de EE.UU., y que se incorpora a este país sudamericano.
En el caso del fiscal, las pruebas tratan de explicar cómo se produjo un polémico entramado para presionar a implicados y direccionar sus declaraciones en el sentido que la red prefiera, bajo técnicas de coacción, y así alterar el rumbo de las causas judiciales. Uno de estos empresarios es Pedro Etchebest, quien denunció que estaba siendo extorsionado y por eso el caso llegó a la luz con evidencias reveladoras: un pago de la extorsión fue filmado.
El conferencista y abogado penalista Diego Dieguez Ontiveros considera que "la llamada 'causa de los cuadernos', y otras, hablan a las claras del rol decisivo incriminatorio que se le pretende dar a estas 'colaboraciones' de los arrepentidos", y añade: "Los aportes luego deben ser investigados a conciencia, situación que no pareciera ser la regla en nuestra Justicia".
Al respecto, el especialista comenta que "leves e insustanciales esbozos de presunciones se transforman en pruebas de cargo para avalar procesamientos o, lo que es más grave, prisiones preventivas". Kirchner tiene varios pedidos de cárcel en su contra bajo esta modalidad, es decir, sin sentencia firme, y uno de ellos es por la causa ya mencionada.
Para concluir, Dieguez Ontiveros declara que estos casos basados en testimonios de arrepentidos "generan más dudas que certezas por la manipulación evidente que se le da a las mismas, en procura de la persecución política a un sector". Y finaliza: "La selectividad penal vuelve a cobrar visibilidad en este tipo de investigaciones de gran impacto para las sociedad".
Uno de los perjudicados por D'Alessio, el posible agente encubierto, es un ex directivo de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), Brusa Dovat. El juez mencionó un mensaje que habría enviado el aparente extorsionador acerca de aquel empresario: "Logré que se quiebre y quiere aportar todos los detalles de los ilícitos de Chávez y Maduro en la Argentina. El lunes lo entrego a Stornelli —el fiscal imputado—".
Al respecto, el magistrado hizo una lectura política del asunto y destacó que "la operación 'Brusa Dovat' —como la llamaba el grupo delictivo— va en sintonía con la decisión del Gobierno norteamericano de congelar fondos de PDVSA a nivel internacional, precisamente para dejar sin fondos a Venezuela", siempre basado en los mensajes enviados.
Para el fiscal Federico Delgado, a quien le tocó investigar a empresarios y dirigentes de diversos partidos políticos a lo largo de su carrera, este escándalo "exhibe la Justicia realmente existente, en la que convive el esquema formal que prevé la Constitución, junto a actores informalmente institucionalizados, cuyas prácticas han sido naturalizadas por los ciudadanos con el paso de los años". Delgado, quien ya anunció su retiro de la Fiscalía en medio de una frustración personal por no poder cambiar un sistema corrompido, añade que "en el plano inmediato tiene que haber reformas en materia judicial".
Sobre ello, el autor del libro 'Injusticia' propone "establecer incentivos en las instituciones que deriven en premios y castigos". Y, en un lenguaje simple, profundiza: "Se trata de modificar prácticas de la ciudadanía que acerquen lo más posible la letra de la ley a las costumbres de las personas".
Leandro Lutzky
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