El Ejecutivo de Jair Bolsonaro ha subastado este viernes en la Bolsa de valores de Sao Paulo las concesiones para operar 12 aeropuertos brasileños, en una controvertida iniciativa con la que aspira a captar unos 3.500 millones de reales (unos 921 millones de dólares) a través de inversiones privadas durante el periodo de vigor de las licencias, que será de 30 años.
Los 12 aeropuertos concedidos por esta vía a la iniciativa privada representan el 9,5 % del mercado nacional brasileño, y registran casi 20 millones de pasajeros al año.
Los resultados de la subasta
Los aeródromos se subastaron en tres conjuntos o 'bloques' compuestos en función de la localización geográfica.
- El primer bloque, compuesto por los aeropuertos de Recife (Pernambuco), Maceió (Alagoas), Aracaju (Sergipe), Juazeiro do Norte (Ceará), João Pessoa y Campina Grande (Paraíba), era el más codiciado, y fue adjudicado al grupo español AENA por un precio de 1.900 millones de reales brasileños (437,5 millones de euros).
- El bloque de aeropuertos del sudeste, integrado por los terminales de Vitoria (Espírito Santo) y Macaé (Río de Janeiro) fue adquirido por la compañía Zurich Airport, por 437 millones de reales (algo más de 100 millones de euros).
- El Consorcio Aeroeste, por su parte, se hizo con las concesiones de los cuatro aeropuertos que componen el bloque del centro-oeste: Cuiabá, Sinop, Rondonópolis y Alta Floresta, todo ellos en el estado de Mato Grosso. Su oferta alcanzó los 40 millones de reales (9,2 millones de euros).
30 años de concesión con obligación de invertir en mejoras
Las compañías vencedoras en la subasta gozarán de la concesión de cada terminal durante 30 años, de acuerdo con la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac). La obtención de las licencias llevan aparejado, además, un compromiso de inversiones en mejoras y modernización de los terminales por un importe de 3.500 millones de reales (unos 921 millones de dólares).
Estas subastas fueron anunciadas por primera vez el año pasado desde el anterior Gobierno, encabezado por el expresidente Michel Temer, que impulsó un ambicioso plan de privatizaciones poco después de su llegada al poder en 2016.