El presidente de Cataluña podría ser inhabilitado tras su negativa a retirar los lazos amarillos del independentismo

Quim Torra, el actual presidente de Cataluña, tenía de plazo hasta este martes para decidir si retiraba o no los lazos amarillos y los mensajes como 'Libertad a los presos políticos' que adornan la sede de la Generalitat y otros edificios institucionales. Su decisión ha sido negativa, según ha explicado la portavoz del Gobierno catalán, Elsa Artadi, en rueda de prensa.

Artadi ha informado este martes de que el gabinete jurídico de la Generalitat prepara otro escrito con el que apelar la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) y que también se ha pedido otro informe al respecto al Defensor del Pueblo catalán. Sobre este último, la portavoz ha asegurado que Torra seguirá sus recomendaciones.

El ultimátum que le había dado al presidente catalán la JEC, el máximo órgano español encargado de velar por la legalidad de los comicios que próximamente se celebrarán en el país, incluía la orden de que retirase todos los símbolos independentistas, entre los que se incluyen los lazos amarillos y las banderas esteladas.

Torra presentó el pasado miércoles un recurso a esta decisión, alegando que no podía coartar la libertad de expresión de los empleados públicos. Pero ese recurso fue rechazado por la JEC este lunes, que argumenta que esos símbolos solo representan las aspiraciones de una "parte de la sociedad catalana, pero no de toda ella" y que incumplen el principio de neutralidad que se le exige a una institución pública.

Además, la JEC también afirma que la libertad de expresión la pueden ejercer tanto los empleados públicos como los políticos, no así quienes ejerzan funciones institucionales y tampoco utilizando los edificios públicos de forma partidista.

La negativa de Torra tras el plazo de 24 horas que acaba este martes puede hacer que el caso pase a manos de la Fiscalía, quien podría iniciar un procedimiento penal contra el presidente catalán acusándole del delito de desobediencia.

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Así, se podría enfrentar a las mismas sanciones que ya han recaído sobre otros políticos catalanes, como el expresidente Artur Mas, que fue inhabilitado para el ejercicio de cargo público por desobediencia por la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014; o el caso aún más similar de Montserrat Venturós, alcaldesa de Berga, que fue condenada por no descolgar del balcón del Ayuntamiento de su municipio una estelada durante la celebración de las pasadas elecciones generales de 2015.

La ciudadanía catalana, al igual que la del resto del país, enfrenta un maratón de comicios en los próximos meses. El día 28 de abril se celebran las elecciones generales, donde se vota a los diputados del Congreso, que elegirán al próximo presidente del Gobierno, y el Senado. Y el 26 de mayo tendrán lugar elecciones al Parlamento europeo, votaciones regionales en numerosos territorios y elecciones municipales en todo el país.