El Síndic de Greuges –el defensor del pueblo catalán–, Rafael Ribó, ha hecho pública este miércoles su recomendación al Gobierno de Cataluña de retirar "de forma excepcional los lazos amarillos y las [banderas] esteladas de sus dependencias durante el período electoral".
De esta manera podría quedar zanjado el pulso que el presidente de Cataluña, Quim Torra, mantenía con la Junta Electoral Central (JEC), el máximo órgano español encargado de velar por la legalidad de las elecciones, que ya le había ordenado en dos ocasiones la retirada de las insignias independentistas.
Según el comunicado hecho público por la institución regional, se trataría de "una medida temporal", puesto que considera que fuera del período electoral estos símbolos se enmarcarían dentro del "ejercicio de la libertad de expresión en el espacio público".
Así, el defensor del pueblo catalán apela a la "necesidad excepcional de preservar escrupulosamente la neutralidad ideológica de los poderes públicos" desde el momento de la convocatoria de los comicios hasta la finalización de la votación.
En su nota, la institución ha comunicado que ya le trasladó a Torra esta postura el pasado viernes, pese a lo cual, el presidente catalán anunció que no retiraría la simbología independentista hasta no tener un dictamen de este organismo, al que pidió nuevas aclaraciones este lunes. Así, ese día la portavoz del Gobierno catalán, Elsa Artadi, aseguró que su Ejecutivo se atendría a lo dispuesto por Ribó.
La ciudadanía catalana, al igual que la del resto del país, enfrenta un maratón de comicios en los próximos meses. El día 28 de abril se celebran las elecciones generales, donde se vota a los diputados del Congreso, que elegirán al próximo presidente del Gobierno, y el Senado. Y el 26 de mayo tendrán lugar elecciones al Parlamento europeo, votaciones regionales en numerosos territorios y elecciones municipales en todo el país.
Desobediencia a la Junta Electoral Central
La Junta Electoral Central, a instancias del partido político Ciudadanos, había reclamado al presidente catalán en dos ocasiones la retirada de los símbolos a favor de los presos independentistas y las banderas esteladas de los edificios públicos durante la época electoral.
Por su parte, Torra había desoído sus peticiones y se encontraba a la espera de lo dispuesto por el defensor del pueblo catalán. Ahora que las posturas de ambos organismos son coincidentes, la pelota se encuentra en el tejado del Gobierno catalán.
Si finalmente Torra no retira los símbolos requeridos, se podría enfrentar a la acusación del delito de desobediencia, según ha afirmado Ignacio González, portavoz de la asociación Jueces por la Democracia, lo que podría llevar a su inhabilitación para ocupar un cargo público. Además, el experto también ha recordado que los dictámenes del defensor del pueblo "no son vinculantes" y, por tanto, el Gobierno regional tiene la potestad de acatarlos o no.