Una coalición de 20 estados de EE.UU. ha solicitado al juez de distrito Haywood Gilliam, en Oakland (California), impedir que el presidente Donald Trump destine 6.000 millones dólares –en su mayoría provenientes de presupuestos militares–, para financiar el proyecto de construcción del muro en la frontera con México.
Los abogados que conducen esta iniciativa argumentan que la solución financiera con la que Trump pretende sufragar el proyecto de construcción es ilegal y anticonstitucional. Los estados de California, Connecticut, Nueva Jersey, Nueva York, Massachusetts y Vermont solicitan además que la orden judicial tenga carácter inmediato.
Este movimiento se suma al que llevaron a cabo este jueves varias organizaciones civiles, al presentar una moción ante un tribunal federal de EE.UU. para lograr la imposición de una orden judicial para detener la construcción del muro.
La controvertida financiación del muro
El pasado 15 de febrero, el presidente estadounidense declaró una emergencia nacional en la frontera sur del país, después de que el Congreso se negara a refrendar su solicitud de 8.600 millones de dólares para financiar la construcción del muro. El Congreso asignó finalmente 1.400 millones de dólares para este proyecto de seguridad fronteriza.
La declaración de emergencia actúa como un veto presidencial, que tiene la capacidad de anular la sanción de leyes y disposiciones votadas por el Congreso, y permite a Trump desviar fondos de otros presupuestos para financiar el muro.
Tal como señalaron las asociaciones civiles involucradas en la mencionada petición al juez, una orden judicial evitaría el intento del Gobierno de usurpar poderes. Desde el punto de vista de los solicitantes, ni la declaración de emergencia ni los estatutos invocados para desviar los fondos "permiten al presidente ignorar la legislación de apropiaciones promulgada por el Congreso".