Militantes impiden un operativo judicial en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina

Un grupo de militantes sociales y adherentes a la asociación Madres de Plaza de Mayo, reconocida en todo el mundo por haber reclamado la aparición con vida de los detenidos desaparecidos durante la última dictadura argentina, impidió un inventario judicial en un inmueble de la entidad por considerarlo parte de una aparente persecución política del Gobierno del presidente Mauricio Macri.  

La orden para que las autoridades ingresaran a la sede ubicada a una cuadra del Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires, gira en torno a una causa donde se investiga la quiebra de la fundación, declarada en 2017 porque no había fondos para pagar la indemnización de un empleado despedido. En concreto, se sospecha sobre presuntas irregularidades económicas en el grupo de mujeres de pañuelo blanco, aunque los militantes creen que se trata de "una excusa" para entrar al lugar.

La medida impuesta por la Justicia comercial fue solicitada por Javier Buján, el rector interventor del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (IUNMA), un centro educativo que desde 2014 le pertenece al Estado. De esta forma, pidió realizar un informe sobre los objetos que se encuentren en el establecimiento.

Las Madres denuncian una "intromisión del Ejecutivo nacional"

Desde la histórica agrupación aclaran, según su visión, el trasfondo de la medida: "Ya vinieron en otras cinco ocasiones sin problema, lo que sucede ahora es que el IUNMA dice que tiene potestad sobre el inmueble y el archivo histórico". Asimismo, acotan que "el interventor es secundado por Germán Garavano", actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, y ello demostraría "la intromisión del Ejecutivo nacional en una causa comercial". 

En otras palabras, temen que las autoridades les arrebaten su recopilación de documentos sobre la dictadura militar, sus víctimas y represores. Como antecedente, en febrero la referente de la asociación, Hebe de Bonafini, alertó públicamente que la Justicia les había "secuestrado una camioneta con papeles del archivo histórico adentro", bajo el mismo expediente judicial, a cargo del juez Javier Perillo. No obstante, luego se repusieron los expedientes. 

Bajo este marco, en la agrupación sostienen que un proceso legal, vinculado al aspecto económico, no debería incidir en documentos históricos, que son de interés público. A su vez, expresaron que la Cámara Comercial de ese país ya resolvió que la fundación no puede ser juzgada bajo los mismos parámetros que una empresa porque no tiene fines lucrativos. 

"No nos íbamos a llevar nada"

Por eso, convocaron a sus seguidores a resistir la resolución en las puertas del lugar este lunes por la mañana. Durante la jornada hubo empujones, gritos, insultos y mucha tensión, pero finalmente el abogado de la Sindicatura no pudo ingresar a la Casa de las Madres: "No me dejaron entrar, pero bueno, es gente muy nerviosa que no sabe qué estamos haciendo. No nos íbamos a llevar nada", declaró el letrado en medio del caos, viendo frustrada su labor.

Documentos desclasificados por EE.UU. revelan que Argentina era la sede principal del Plan Cóndor

A su vez, aclaró que la medida es habitual cuando se declara una quiebra. Luego, debió marcharse custodiado por efectivos policiales, aunque expresó que no fue maltratado "en ningún momento". Además, manifestó que "el juez ordenará este inventario de vuelta".  

Por otro lado, al mismo tiempo en que los militantes sociales denuncian públicamente que el Gobierno argentino intenta obtener el archivo histórico de las Madres, el pasado 12 de abril la Administración de EE.UU. envió los archivos desclasificados sobre la dictadura militar de la nación sudamericana. En esa revelación histórica de unas 49.000 páginas, se supo que Buenos Aires funcionaba como sede principal del Plan Cóndor, un entramado continental para eliminar a enemigos políticos bajo la coordinación de Washington.   

Leandro Lutzky

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