La Unión Europea (UE) no ha tardado en reaccionar al anuncio, por parte del Gobierno estadonidense, de su intención de permitir que se admitan demandas contra empresas extranjeras que usen bienes confiscados a EE.UU. en Cuba tras la revolución. Una carta remitida desde la Comisión Europea al Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, asegura que la UE "se verá obligada a recurrir a todos los instrumentos a su disposición, incluida la cooperación con otros socios internacionales, para proteger sus intereses". "La posibilidad de iniciar un procedimiento ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)" es otra de las advertencias que contiene el texto enviado.
En la misiva, a la que ha tenido acceso la agencia AFP, Federica Mogherini, Alta Representante de la UE para Exteriores, y Cecilia Malmström, comisaria de Comercio, explican los mecanismos que podría activar la UE para permitir que las empresas europeas compensen cualquier daño económico que les causen las sanciones impuestas a través de la activación de la Ley Helms-Burton.
La carta advierte, poniendo como ejemplo una hipotética situación en el sector hostelero, que "si una cadena de hoteles estadounidense (...) reclama [compensación] a una cadena europea ante tribunales de EE UU (...), la europea podría reclamar la misma compensación a la estadounidense ante un tribunal europeo".
En ese sentido, la Comisión Europea alerta a Washington sobre "el ciclo autodestructor de reclamaciones" que tendría lugar en caso de que el Ejecutivo de Trump permitiera las mencionadas demandas.
Mogherini y Malmström concretan su amenaza y recuerdan a EE.UU. que "la inmensa mayoría de los 50 mayores denunciantes, que suman el 70 % del total del valor de las reclamaciones certificadas, tienen activos en la UE".
Una controversia con años de historia
Desde su promulgación en 1996, la Ley Helms-Burton ha sido objeto de controversia internacional por entrar en conflicto con intereses comerciales de diversos países en el mundo. Su artículo III, cuya reactivación se ha anunciado desde Washington para este mismo miércoles, permite reclamar ante cortes de EE.UU. propiedades que fueron confiscadas tras el ascenso de Fidel Castro al poder.
Este artículo en concreto fue objeto de una querella presentada hace 22 años por la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio, y Washington accedió a suspenderlo a cambio de paralizar el trámite judicial.
Desde la legislación de Cuba, la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas del 24 de diciembre de 1996 establece que dicha norma es "ilícita", "inaplicable" y niega su eventual efecto jurídico, además de considerar nula toda reclamación amparada en dicha ley, por cualquier persona natural o jurídica.