Las sanciones de EE.UU. contra Venezuela, aplicadas desde agosto de 2017, son las causantes de la "muerte de decenas de miles de personas y están empeorando la crisis humanitaria" en el país suramericano, revela un informe del Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR, por sus siglas en inglés).
El texto, realizado por los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, estima que las medidas aplicadas por la administración de Donald Trump causaron la muerte de alrededor de 40.000 personas entre 2017 y 2018.
"Las sanciones han reducido la disponibilidad de alimentos y medicamentos, y han aumentado las enfermedades y la mortalidad", señala el documento.
Entre otras medidas, las sanciones contribuyeron a una fuerte disminución de la producción de petróleo, lo que ocasionó un gran daño a la población civil del país suramericano, cuyos ingresos dependen mayoritariamente de la exportación de crudo.
Las sanciones aplicadas en agosto de 2017 incluyeron la prohibición de hacer negocios con las nuevas emisiones de deuda de Caracas o de acciones de la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), así como con algunos bonos ya existentes pertenecientes al sector público del Gobierno del país latinoamericano.
Más muertes
El informe señala que las nuevas medidas, que han sido incrementadas desde el pasado enero, luego de la autoproclamación de Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela, y como medida de presión para la salida del mandatario constitucional, Nicolás Maduro, "resultarán casi seguramente en decenas de miles de muertes más evitables".
El estudio hace estimaciones en base a "aproximadamente 80.000 personas con VIH que no han recibido tratamiento antirretroviral desde 2017, 16.000 personas que necesitan diálisis, 16.000 personas con cáncer y 4 millones con diabetes e hipertensión".
Desde enero, dice el texto, la producción de petróleo ha disminuido debido a las sanciones, "esto acelerará en gran medida la crisis humanitaria".
En los últimos tres meses, EE.UU. ha emitido sanciones contra Caracas, entre otras, congelaron unos 7.000 millones de dólares en activos a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA); además, entregaron el control a Guaidó de los activos del Gobierno venezolano en los bancos en territorio estadounidense y sancionaron al Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Venezuela, y sus subsidiarias en Uruguay y Bolivia.
Sachs considera que las medidas tomadas por EE.UU. son parte de "una política infructuosa, despiadada, ilegal y fracasada, que causa graves daños al pueblo venezolano".
Por su parte, Weisbrot considera que "esto es ilegal según el derecho estadounidense e internacional, y los tratados que los EE.UU. han firmado", por lo que invita al Congreso a detener tales sanciones.