El Senado de México aprobó esta tarde, en lo general, el dictamen de la reforma educativa, con lo cual se abroga la polémica legislación en la materia promulgada en 2013 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Así, con 95 votos a favor, 25 en contra y dos abstenciones se aprobó en lo general el dictamen de reformas constitucionales en materia educativa, aunque en este momento los legisladores continúan discutiendo las reservas a la ley.
El documento, previamente aprobado por la Cámara de Diputados, pondría fin a la Ley General del Servicio Profesional Docente, el eje legal de la cuestionada reforma educativa hecha en 2013 durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y que condicionaba la permanencia de los maestros en sus plazas a una evaluación.
El senador Rubén Rocha, presidente de la Comisión de Educación en la cámara alta, destacó que esta reforma modifica el paradigma de la "evaluación punitiva" por el de la "evaluación formativa y diagnóstica"; eleva a carácter de universalidad el derecho humano a la educación, pasando de cero a tres años la educación inicial, y estableciendo la educación superior como obligatoria; la educación inclusiva con "edificios escolares dignos, con accesibilidad y con movilidad propia para los alumnos"; interculturalidad, "que ataca la discriminación que hasta ahora se ha tenido en el servicio educativo"; y su carácter plurilingüe.
De ser aprobaba por el Senado, será enviada a los congresos locales para su discusión y eventual promulgación.
¿Cuál es la propuesta?
El documento, que la víspera fue aprobado en comisiones del Senado, pondría fin a la Ley General del Servicio Profesional Docente, el eje legal de la cuestionada reforma educativa hecha en 2013 durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y que condicionaba la permanencia de los maestros en sus plazas a una evaluación.
El dictamen también destaca que la admisión, promoción y reconocimiento de los profesores se regirán por la Ley Reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, lo que permitirá garantizar que las plazas magisteriales serán otorgadas por concurso, una de las demandas centrales de la CNTE.
El texto aprobado también establece que hasta que el Congreso de la Unión expida la ley en materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, queda suspendida cualquier evaluación.
Con este dictamen, se eliminaría al primer órgano autónomo en la educación, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y, en su lugar se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que mantiene autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de gestión.
La promesa de López Obrador
El dictamen que fue aprobado esta tarde contiene la reforma educativa que impulsa la Administración de Andrés Manuel López Obrador y que ha sido respaldado, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, por los legisladores de Morena, partido que lo llevó a la presidencia y que cuenta con la mayoría en el Congreso.
Desde el inicio de su mandato, el presidente López Obrador se comprometió a echar abajo la reforma educativa, enviando al Congreso, en diciembre pasado, una iniciativa de ley para cancelarla.
Molesta a la oposición
Los votos en contra fueron de los legisladores del Partido de Acción Nacional (PAN-derecha), quienes la víspera habían adelantado el sentido de su voto, y del senador independiente Emilio Álvarez Icaza.
Al fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional (derecha), la senadora Minerva Hernández Ramos señaló que la reforma constitucional en materia educativa no tiene como principio supremo la protección del interés superior de la niñez y de la juventud, sino que cede a presiones de los sindicatos.
Los partidos de oposición ya habían criticado que con la redacción actual del dictamen se garantizaba que 50 % de las plazas magisteriales se otorgarían al sindicato de maestros y no por concurso, como marca la propia reforma.
Asimismo, Hernández Ramos consideró grave que INEE sea la primera institución a la que se le despoja de autonomía constitucional: "Es muestra de que el resto de los órganos constitucionales autónomos considerados por el presidente como 'refugio de fifís', 'conservadores' o de 'opositores', corren el peligro inminente de que sean degradados a una simple autonomía técnica y operativa, para mantenerlos bajo el dominio del Ejecutivo federal", apuntó.