Este jueves, la Policía española arrestó en Alicante al periodista José Martín Santos y a otro ciudadano español, acusados de pertenecer a un grupo que intentaba extorsionar al periodista australiano y fundador de WikiLeaks, Julian Assange, según informa eldiario.es.
Al parecer, tenían en su poder imágenes y documentos personales de los dos últimos años de estancia del ciberactivista en la Embajada de Ecuador en Londres y pedían tres millones de euros por no difundirlos. Entre ese material se encontrarían videos de Assange en las zonas privadas de la Embajada, audios de reuniones, fotografías de informes de sus abogados, emails o copias de documentos de identidad de personas que habían visitado al periodista australiano.
Los arrestados han quedado en libertad con medidas cautelares tras declarar en un juzgado de la capital española.
Denuncia de Wikileaks en España
La investigación comenzó el pasado 2 de abril a raíz de la denuncia que presentó el actual director de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, tras encontrarse en Madrid con unos ciudadanos españoles que le habían pedido tres millones de euros por información privada de Assange obtenida por la Embajada de Ecuador en el Reino Unido.
Hrafnsson se enteró de la filtración del material privado del activista tras seguir una cuenta en Twitter que ofrecía los documentos públicamente. Tras concertar una reunión con los implicados, descubrió que tenían un voluminoso dossier sobre el ciudadano australiano.
Según la querella de WikiLeaks, el Gobierno de Ecuador grabó las conversaciones privadas de Assange, incluyendo reuniones con médicos y abogados, y vigiló todos sus movimientos dentro de la sede diplomática.
El pasado 11 de abril, el Ejecutivo de Lenín Moreno retiró el asilo diplomático y expulsó de su Embajada en Londres al fundador de WikiLeaks, quien permanecía en la sede diplomática desde junio de 2012. Una vez expulsado, Assange fue arrestado por la Policía británica y permanece desde entonces ingresado en la prisión de Belmarsh, en el sudeste de la capital del Reino Unido.
La Corte de la Corona de Southwark en Londres condenó al activista el pasado 1 de mayo a 50 semanas de prisión por violar la libertad condicional cuando se refugió en la Embajada ecuatoriana. Asimismo, rechazó su solicitud de clemencia por haber pasado casi siete años "en condiciones de prisión" mientras se encontraba en asilo político.