Fiscalía de México investiga delitos de Estado y delincuencia organizada en el caso de 'La Estafa Maestra'

La indagatoria por el presunto desvío de 839.769 millones de pesos (44.096 millones de dólares), en el caso denominado 'Estafa Maestra', y por el que había 23 denuncias en México, será reestructurada como delitos de Estado y delincuencia organizada, informó este lunes la Fiscalía General de México (FGR).

Lo anterior fue anunciado por el titular de la dependencia, Alejandro Gertz Manero, en su informe de los primeros 100 días al frente de la Fiscalía, al señalar que este desvío de recursos debió investigarse bajo la premisa de una maquinación orquestada desde el poder público, con el propósito de llevar a cabo un "enorme saqueo" y que iba más allá de las personas incluidas en 23 denuncias.

"La FGR está reestructurando toda la investigación general de este asunto, a partir de una premisa lógica, que consiste en que toda esa maquinación de gran envergadura y de tantas coparticipaciones, no pudo ser producto de solo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros", dijo el funcionario.

La construcción de la estafa

Solo de 2013 a 2014, la investigación conocida como 'Estafa maestra', realizada por el medio digital Animal Político, detectó contratos ilegales por más de 430.000.000 de dólares, de los que se desconoce el paradero de más de 192.000.000; mediante 11 dependencias y ocho universidades.

Las instituciones implicadas son la Sedesol, la Sedatu, Pemex, Banco Nacional de Obras, las Secretarías de Educación Pública y de Economía, así como las de Comunicaciones y Transportes.

Triangulaciones de recursos

Según la mecánica detectada, el Gobierno federal entregaba los recursos a las universidades y estas contrataban a terceros para supuestos servicios como supervisar la perforación de pozos petroleros u organizar eventos.

Dichos fondos fueron entregados a 186 empresas, 128 de las cuales presentan irregularidades (11 de ellas fueron declaradas como "fantasmas"), "presentan lagunas legales que les habrían impedido obtener contratos públicos y, peor aún, la mayoría ni siquiera hizo el servicio contratado", según la investigación.