El caso Odebrecht en México será judicializado en un periodo no mayor de 60 días, de acuerdo con un informe presentado por el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.
A pesar de que en septiembre de 2017, el entonces titular de la Procuraduría General de la República (hoy FGR), Raúl Cervantes, aseguró que había concluido la investigación y el caso estaba preparado para entrar en la fase judicial, el tema ha permanecido estancado hasta la fecha.
"Este caso tan grave para la imagen del país, y para su respetabilidad y confianza, lo inició la Procuraduría General de la República, desde enero de 2017 y, hasta la fecha, no había dado resultado alguno; razón por la cual la Fiscalía ha tenido que reponer, en buena parte, ese procedimiento, con base en la información recopilada recientemente", señala un comunicado de la FGR.
En este sentido, la Fiscalía informó que los imputados serán procesados por delincuencia organizada. "En un plazo que no debe pasar de 60 días, se habrá de empezar a judicializarlo bajo la premisa de una maquinación delictiva, en la que pueda aplicarse la normatividad en materia de delincuencia organizada", agrega el texto.
Esta trama de corrupción involucraría al exdirector de la paraestatal Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, quien fue señalado ante la Justicia brasileña por altos directivos de Odebrecht por presuntamente haber recibido un soborno de 10 millones de dólares a cambio de contratos millonarios. El pago de sobornos habría ocurrido durante la campaña electoral del expresidente Enrique Peña Nieto en 2012.
Sin embargo, los casos de corrupción entre Odebrecht y el Gobierno mexicano no se limitarían exclusivamente a la Administración de Peña Nieto.
Según un informe de la Auditoría Superior de la Federación, en la gestión del expresidente Felipe Calderón se vendió a Braskem, una filial de Odebrecht, gas etano a precio inferior al costo de producción, por lo que la empresa fue supuestamente beneficiada por un monto de 3.642 millones de pesos (190 millones de dólares) a expensas de los mexicanos.
Aunque en otros países de América Latina, como Brasil, Ecuador y Perú, la corrupción ligada a Odebrecht ha derivado en detenciones y encarcelamientos de políticos de alto perfil, en México no se ha acusado a ningún funcionario por casos vinculados a la constructora brasileña.
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