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El fiscal general de Colombia renuncia, tras orden de liberación de un líder de las Farc
El funcionario considera que la decisión tomada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un "desafío la orden jurídico" en Colombia, y que abre la puerta a que los delitos sean juzgados con "un sistema de beneficios".
El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, presentó su "renuncia irrevocable" al cargo que ejerce, tras la orden de "libertad inmediata" dictada para el exguerrillero Seuxis Paucias Hernández, conocido como Jesús Santrich, por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En un comunicado que leyó en una rueda de prensa, aseveró que "es un desafío al orden jurídico", la decisión de JEP, un mecanismo de justicia transicional acordado entre el Gobierno colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para procesar a los actores del conflicto armado.
Martínez expresó que en su país "se consolida un estado de cosas antijurídico, que conjura contra el Estado de derecho" y que "expone a la sociedad frente al crimen, en medio de las advertencias de la Fiscalía".
En su opinión, "en el futuro, la reincidencia en el secuestro y la extorsión", convivirán con "los privilegios de la Justicia transicional", lo que en su parecer, abre la puerta a que el narcotráfico y otros delitos "no puedan ser investigados por la Justicia ordinaria", sino que pasarán a la JEP "con un sistema de beneficios".
Tras conocer este anuncio, minutos después, la vicefiscal colombiana, María Paulina Rivero, también manifestó que abandonaba su cargo. Fabio Espitia es su sustituto.
"Una decisión que desafía a EE.UU."
El fiscal general aseguró que no fue informado de "una decisión que desafía la evidencia aportada por EE.UU." y por Fiscalía, lo que, a su juicio, "hace trizas la cooperación judicial internacional" y "destruye la muralla que construyó el 'Acuerdo de Paz'", firmado en La Habana, el 26 de septiembre de 2016.
Santrich, sobre quien pesaba una orden de extradición a EE.UU., fue detenido el 9 de abril de 2018, en respuesta a una solicitud, hecha seis días antes, por un juez de Nueva York, que ordenó su captura tras acusarlo de narcotráfico, por el presunto envío a ese país de diez toneladas de drogas valoradas en 15 millones de dólares.
Según la Fiscalía colombiana, los hechos ocurrieron a partir de junio de 2017 y hasta abril de 2018, después de la entrada en vigor de los Acuerdos de Paz, sin embargo, la JEP consideró que "las pruebas nopermiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización".
Finalmente, en el texto, que también fue colgado en la cuenta de Twitter de la Fiscalía, Martínez Neira pide a los colombianos "movilizarse" por el "restablecimiento de legalidad y defensa de la paz".
“Exhorto a la ciudadanía a movilizarse con determinación por restablecimiento de legalidad y defensa de la paz, en marco de justicia especial que exhale confianza para todos los colombianos y no para unos pocos y, particularmente, para las víctimas del conflicto”: Fiscal General pic.twitter.com/PzGv7Kga4B
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 15 de mayo de 2019
El pasado diciembre, el diputado de la Alianza Verde, Mauricio Toro, pidió a la Comisión de Acusación del Congreso abrir la investigación en contra del fiscal por supuesto conocimiento de unas serie de presuntas irregularidades y sobornos de la empresa Odebrecht en Colombia, desde 2013, denunciado por Jorge Enrique Pizano Callejas, quien falleció por envenenamiento tras la ingesta de cianuro.
Martínez Neira ocupa el cargo desde agosto de 2016. Se había desempeñado como ministro de la Presidencia durante el gobiernos de Santos, y como titular de Justicia en las administraciones de Andrés Pastrana y de Ernesto Samper.
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