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Acusan al Reino Unido de burlar las leyes sobre torturas si los beneficios justifican los riesgos

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Las críticas se basan en documentos obtenidos a través de una solicitud por libertad de información.
Acusan al Reino Unido de burlar las leyes sobre torturas si los beneficios justifican los riesgos

El Gobierno británico ha sido acusado de elaborar una justificación que permite autorizar la entrega de datos de inteligencia a sus aliados pese a que puedan llevar a torturas de personas detenidas, informa The Times.

Los documentos revelados por el Ministerio de Defensa, por solicitud basada en leyes de libertad de información, fechados en noviembre del 2018, estipulan que el Reino Unido no compartirá información si existe un "riesgo serio" de que esto conlleve a torturas. Sin embargo, dicha prohibición puede incumplirse si "los ministros consideran que los beneficios potenciales justifican los riesgos y consecuencias legales que pueden surgir".

Kirsty Brimelow, una destacada jurista y expresidenta del comité para derechos humanos del Consejo de Abogados de Inglaterra y Gales, señaló el pasado domingo que esta provisión permite a los ministros británicos violar la ley sobre torturas, que es algo "claro y establecido internacional y nacionalmente".

El parlamentario David Davis ha instado a la ministra de Defensa, Penny Mordaunt, a una reunión con los miembros del Parlamento sobre el asunto. El Ministerio de Defensa ha desmentido las acusaciones, diciendo que su política y actividades en esta materia "corresponden a las directrices consolidadas del Gabinete". 

Una vieja práctica

El año pasado varias organizaciones de defensa de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, escribieron al entonces ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, acusando al Gobierno de intentar modificar e incluso "suavizar" las directrices sobre las torturas.

Después de 8 años de extensas acciones legales, el Gobierno británico cedió y ofreció una disculpa sin precedentes, en mayo del 2018, por el maltrato que sufrieron el disidente libio Abdel Hakim Belhaj y su esposa embarazada, Fatima Boudchar, secuestrados en el 2004 con ayuda del servicio secreto británico MI6.

Ambos fueron secuestrados en Tailandia y entregados al gobierno de Muammar Gaddafi. Fueron encarcelados por supuestos vínculos con grupos armados y torturados, según Belhaj. Después de 7 años en prisión, Belhaj fue liberado en el marco de un programa de "desradicalización", mientras que su esposa salió libre poco después de dar a luz.

La mujer finalmente recibió una compensación de 500.000 libras esterlinas (645.000 dólares), mientras que su marido logró lo único que exigía: una disculpa pública.

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