Los trabajadores de la Televisión Pública de Argentina, el canal 7, denunciaron este lunes que las autoridades de la señal estatal pidieron explicaciones a uno de sus conductores porque, durante un informativo, llamó al diputado opositor venezolano Juan Guaidó "presidente autoproclamado", y alertaron sobre una presunta persecución a aquellos periodistas que no siguen un discurso alineado con el Gobierno de Mauricio Macri.
La denuncia fue acompañada por un documento interno (un correo electrónico) en el que la Dirección de Recursos Humanos del canal, alertada por la Gerencia, le solicita a un conductor del informativo que emita un descargo, en un plazo máximo de 24 horas, donde explique "las razones de su conducta".
"De acuerdo a lo informado por la Gerencia de Noticias, el día 1º de mayo del corriente, durante la emisión de un flash informativo, usted utilizó la expresión 'El autoproclamado presidente de Venezuela', refiriéndose a Juan Guaidó", señala el texto dirigido al periodista. Según las autoridades del canal, el título conferido al diputado opositor constituye "un concepto político cuya utilización comunica necesariamente una interpretación subjetiva en relación a un conflicto político y social, y no una cobertura objetiva e informativa de un hecho acontecido".
Los trabajadores del canal, agremiados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), difundieron en sus redes sociales un video en el que sostienen que, a meses de las elecciones presidenciales en Argentina, la Gerencia del noticiero, a cargo de Néstor Sclauzero, decidió incorporar "comisarios políticos" a las distintas ediciones del informativo para realizar tareas "similares a las que hacen los jefes", y cuya contratación no se materializa a través de concursos públicos, como establece la ley.
Todo ello, según los empleados de Canal 7, se enmarca en una política de "ajuste" en la señal estatal, que desde el año pasado ha dejado de emitir los informativos de los fines de semana, y se niega a abrir una negociación de actualización salarial para los trabajadores.
Ya en el mes de marzo, a través de un comunicado, los trabajadores de prensa habían denunciado que en los meses previos muchos periodistas fueron "desplazados de la conducción de los noticieros", y que tanto la web del canal como sus redes sociales están siendo manejados por gente ajena al servicio informativo.
En ambos casos, aseguran, se dejaron de reproducir los informes y noticias que salen al aire por la señal de la televisión para "cuidar" los contenidos y que "no se filtren noticias incómodas para el Gobierno". A modo de ejemplo, indicaron que el sábado pasado el canal omitió informar sobre el anuncio de la precandidatura de Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta, dentro de un armado amplio del peronismo.
"En un año electoral, lo que hacen es llenar de comisarios políticos la TV Pública. Se llenaron la boca hablando de austeridad durante mucho tiempo y ahora pagan sueldos altísimos para controlar la línea editorial, en un medio que debería ser estatal y no gubernamental. Ellos lo quieren manejar como si fueran los dueños, pero el canal es de todos los argentinos", dijo a RT Agustín Lecchi, delegado de la TV Pública y secretario de Organización del Sipreba.
La respuesta del Gobierno
Tras la serie de denuncias de los trabajadores de la Canal 7, el vicepresidente de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA), Emilio Laferriere, negó las acusaciones y aseguró que, por el contrario, en el canal "hay libertad de expresión, no hay censura y es el ámbito donde se expresan todas las voces".
De acuerdo a Laferriere, la posición de la Televisión Pública sobre la situación en Venezuela "es coherente con la postura de Argentina, la comunidad internacional y de los organismos internacionales de Derechos Humanos". Y agregó: "sin perjuicio de ello, todas las opiniones se han expresado y se siguen expresando en nuestra pantalla".
Emmanuel Gentile
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