¿Reviven los 'falsos positivos'? Una polémica revelación obliga al Gobierno de Colombia a retirar una directriz al Ejército

Una investigación publicada en el diario New York Times reveló que generales y coroneles del Ejército colombiano firmaron un compromiso para aumentar los operativos y duplicar el número de criminales y rebeldes que matan, capturan y obligan a rendirse, sin importar si hay un aumento en el número de bajas civiles. 

De acuerdo con el documento al que accedió el reportero Nicholas Casey, los militares tienen permiso de "hacer lo que sea" para aumentar el número de operaciones, sin dar mayor importancia a la flexibilización de las normas que protegen a los civiles en los combates. 

Con la nueva política del Ejército, las Fuerzas Armadas pasaron de estar obligadas a alcanzar el 85 % de certeza del objetivo, credibilidad y exactitud del operativo, a tan solo entre el 60 y 70 %. 

La nueva política incluso premia con más vacaciones a los elementos que "mejoren" sus números, mientras que amonesta a los militares que pasan varios días sin combate.  

"Falsos positivos"

La revelación sobre la nueva política militar en la Administración de Duque recordó al periodo de los llamados "falsos positivos", cuando bajo el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010), miembros del Ejército presentaron como guerrilleros 'dados de baja en combate' a jóvenes que simplemente fueron asesinados. 

Entre los años 2002 y 2008, oficiales colombianos de los más altos rangos estuvieron involucrados en los asesinatos de más de 3.500 civiles, de acuerdo con un informe de la organización Human Rights Watch (HRW).

A finales de febrero de este año, HRW acusó al Gobierno del presidente Iván Duque de promocionar a nueve generales del Ejército que habían sido señalados de estar vinculados a ejecuciones extrajudiciales. 

Respuesta del Gobierno

El Gobierno de Duque se vio envuelto nuevamente en la crítica tras la difusión del reportaje, aunque funcionarios de su gabinete y una senadora de su partido salieron a desestimar la investigación y acusaron al reportero de recibir algún soborno por la publicación. 

María Fernanda Cabal, senadora del partido oficialista Centro Democrático, acusó al periodista de recibir dinero por el reportaje, y como presunta prueba, mostró unas fotografías de Casey en una motoneta, en compañía de un guerrillero de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016. 

"Este es el 'periodista' Nicholas Casey, que en 2016 estuvo de gira con las FARC en la selva. ¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje? ¿Y por el de ahora, contra el ejército de Colombia?", tuiteó la senadora. 

El general Nicacio Martínez Espinel, comandante del Ejército de Colombia, quien en el reportaje reconoció haber emitido las nuevas órdenes ante la "amenaza" de las organizaciones guerrilleras, paramilitares y criminales, tuiteó el cuestionario de respuesta al periodista. 

El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, reconoció durante una conferencia que ha aumentado el número de fallecidos en combate, aunque acusó que la investigación es parte de un supuesto esfuerzo por atacar al Ejército. 

"Espero que afirmaciones que perjudican a las Fuerzas Militares y, concretamente, al Ejército o a la Policía, sin el debido sustento, no vuelvan a ocurrir", reviró el ministro Botero, según recogió El Espectador. 

Tras la crítica que recibió la Administración de Duque, el general Nicacio Martínez confirmó a El Tiempo que la directriz que llenaban los elementos del Ejército para informar sobre sus resultados operacionales será retirada por el Comando del Ejército "para evitar malas interpretaciones" externas.  

"Agresiones contra la prensa"

La Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia (Flip) rechazó en su cuenta de Twitter los "señalamientos injustos de funcionarios o líderes políticos", como los realizados por la senadora Cabal o el ministro Botero contra el periodista Casey, porque podrían ser entendidos como "instigaciones o apoyos a las agresiones en contra de la prensa".

De acuerdo con algunos reportes de medios locales, Casey se vio obligado a abandonar Colombia ante los señalamientos de los funcionarios públicos. 

Colombia es uno de los países más peligrosos de América para ejercer el periodismo. En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019, Reporteros Sin Fronteras ubicó a la nación suramericana en el lugar 129 de 180 países evaluados. 

"Son frecuentes las agresiones, las amenazas de muerte y los asesinatos de periodistas, por lo que sigue siendo uno de los países más peligrosos del continente para la prensa", apunta la organización. 

José Beltrán