La crisis que vivió en septiembre pasado el Instituto de Ciencias Forenses (IJCF) del estado mexicano de Jalisco (oeste) y que causó que más de 300 cadáveres fueran transportados sin un protocolo adecuado en 'morgues móviles', al no tener capacidad para ellos, ha dejado sin la posibilidad de que sean identificados 85 cuerpos, incluyendo los restos de 52 menores de edad, señaló la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), al presentar un informe especial sobre el caso.
"Se encontró que 85 personas fallecidas difícilmente podrán ser identificadas porque no tuvieron las condiciones adecuadas de preservación ni de almacenamiento, lo cual provocó que se borrara cualquier dato que pudiera relacionarlas con la fecha de ingreso, el lugar de los hechos o el hallazgo, la carpeta de investigación, averiguación previa o acta ministerial o las causas de la muerte", se lee en el documento.
Asimismo, el informe destaca que debido a que la mayoría de los cuerpos permanecieron en el Instituto entre cinco meses y tres años y medio, en algunos casos hubo dilación para la realización de pruebas periciales y no lograron hacerse por el avanzado estado de descomposición de los cadáveres.
"Por la dilación en la práctica de algunos dictámenes de huellas dactilares no se pudieron tomar huellas a las personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraban al momento de la práctica", establece.
Del mismo modo, fue emitida la recomendación 10/2019 en la que se subraya que hubo violaciones de los derechos humanos 'post mortem', debido a las omisiones en el control y adecuado tratamiento de cuerpos de personas fallecidas contenidos en una caja refrigerada móvil y su itinerante traslado por municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, hasta su reingreso al IJCF.
"Con base en la investigación practicada, esta Comisión comprobó una serie de acciones y omisiones que se traducen en violaciones de los derechos humanos 'post mortem' en perjuicio de las personas fallecidas no identificadas o no reclamadas, así como de sus familiares y de la sociedad en general; además de la forma irregular y omisa en el cumplimiento de las disposiciones legales y protocolos aplicables para el adecuado tratamiento, identificación, clasificación, conservación e inhumación de cuerpos de personas fallecidas", se lee en el documento.
Advierten sobre repetición
La defensoría advirtió además que si las autoridades estatales no actúan de forma inmediata, se presentará otra contingencia igual. "En este momento deben reforzarse las acciones con base en las propuestas que hacemos, los propios diagnósticos que ellos realizan. La nueva administración conoce muy bien la estructura y las capacidades que recibieron; tiene que actuar con la debida diligencia, porque de no hacerlo la responsabilidad les alcanzaría", señaló el titular de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón, al presentar el informe.
Por su parte, Enrique Guadarrama López, segundo visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señaló que el informe evidencia la urgencia de establecer en México protocolos y normas de actuación unificadas conforme a los estándares internacionales para el cuidado, preservación y manejo de los restos humanos.
Se estima que, desde el año 2006, en el estado de Jalisco han sido incinerados 1.581 cuerpos de personas fallecidas, sin haber sido identificadas.
El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ha sido el responsable de ello, con la autorización de al menos seis autoridades y dependencias estatales: la Fiscalía General del estado de Jalisco, el Registro Civil, la Secretaría de Salud, el Ayuntamiento de Guadalajara, la Secretaría General de Gobierno y el gobernador de la entidad, según un informe del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), el cual, además, califica las incineraciones como otra forma de desaparición forzada.
Días después del hallazgo de las 'morgues móviles' en la entidad, se dio a conocer que los estados de Guerrero, Veracruz y Baja California ya no tenían cabida para sus muertos en las morgues locales.
Los gobiernos de las ciudades de Tijuana, en el estado norteño de Baja California; las de Acapulco, Iguala y Chilpancingo, en el estado sureño de Guerrero; y las de Xalapa y Alvarado, en Veracruz, al este de México, han tenido que adquirir contenedores frigoríficos para almacenar cuerpos.