El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reformuló este miércoles más de 20 puntos del decreto que flexibiliza la portabilidad de armas, luego del rechazo de parte de la Justicia, el Parlamento, y al menos 14 gobernadores.
La polémica recrudeció esta semana cuando la empresa fabricante de armas Taurus anunció que tenía 2.000 encomiendas de fusiles T4, un arma semiautomática calibre 5,56.
A través de un comunicado, el gobierno informó que la versión rectificada prohíbe "expresamente la concesión del porte de armas de fuego portátiles [fusiles, carabinas, escopetas]" al ciudadano común, que solo podrá adquirir armas de menor calibre, llamadas "de porte".
Sin embargo, los cambios introducidos aún permiten que los propietarios rurales puedan adquirir ese tipo de armas largas y mantenerlas en sus casas, según admitió el gobierno.
Desde el Palacio de Planalto indicaron que el decreto fue alterado "a partir de los cuestionamientos realizados ante la Justicia, en el ámbito del Poder Legislativo y por la sociedad en general".
"Hubo críticas de que tal vez hubiesen algunos excesos [en el decreto], el gobierno fue sensible a esas críticas", dijo este miércoles el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, en una entrevista en la radio local Bandeirantes.
Críticas y rechazos al decreto
Desde su publicación, el 7 de mayo, el decreto que flexibiliza el porte de armas recibió el rechazo de buena parte del arco político de Brasil, así como también de parte del Poder Judicial y organismos de Derechos Humanos.
El Ministerio Público Federal, en Brasilia, pidió la suspensión del decreto y hay, hasta el momento, tres presentaciones en contra en la Justicia Federal y otras tres en el Supremo Tribunal Federal (STF).
En tanto, este martes, los gobernadores de 13 estados y del Distrito Federal de Brasil publicaron una carta abierta contra el reciente decreto.
Y en la misma jornada, Amnistía Internacional alertó que la flexibilización de la tenencia y el porte de armas en Brasil "pueden contribuir al aumento del número de homicidios", en un país que en 2017 registró poco menos de 64.000 asesinatos, casi 31 por cada 100.000 habitantes. Esa tasa representa el triple del nivel considerado por la ONU como de violencia endémica.
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