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El Tribunal Supremo de España rechaza realizar el informe sobre los diputados catalanes presos y deja su futuro en las manos del Congreso

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La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, había dirigido este miércoles al alto tribunal un escrito en el que le trasladaba la responsabilidad de decidir.
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El tribunal español que lleva la causa del 'proceso' catalán ha contestado a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, informándole sobre la situación de los parlamentarios encausados y dejando en las manos de la Mesa de la Cámara que preside la decisión sobre la suspensión de los cuatro diputados catalanes que se encuentran en prisión preventiva.

En el escrito de este jueves, el presidente del Supremo, el magistrado Manuel Marchena, recuerda que su Sala ya se pronunció el pasado 14 de mayo sobre la suspensión de los cuatro políticos independentistas presos y que la "configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración de un informe requerido" por la presidenta de la Cámara baja.

Batet requirió este miércoles al Tribunal Supremo instrucciones precisas sobre esta cuestión, que podría tener importantes consecuencias políticas, como cambiar la mayoría necesaria para la investidura del presidente del Gobierno.

En su comparecencia de este miércoles tras despachar con el rey Felipe VI, la presidenta de la Cámara baja anunció que había convocado a la Mesa del Congreso este jueves a las 12.30 de la mañana y justificó la solicitud del informe "dada la situación de prisión preventiva de cuatro miembros de esta Cámara" puesto que el auto anterior del alto tribunal "se refería a la sesión constitutiva y parece adecuado conocer la situación para toda la legislatura".

El secretario general del Partido Popular, principal formación de la oposición, Teodoro García Egea, se ha apresurado a anunciar que si Batet no "suspende de forma inmediata a los presos preventivos", los populares pedirán su reprobación e incluso se plantean acudir a los tribunales.

Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal y según el Reglamento del Congreso, los parlamentarios catalanes que se encuentran en prisión preventiva y cuyo proceso judicial ya se encuentra en la fase oral deben ser suspendidos de sus funciones y derechos como diputados.

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