Desde hace dos años, abril y mayo son dos meses que no pasan inadvertidos para muchos hogares venezolanos. En ese periodo murieron decenas de personas en medio de un contexto de violencia callejera, promovida por facciones radicales de la oposición al Gobierno del presidente, Nicolás Maduro.
En el mundo recuerdan esos disturbios como las "protestas" de 2017, mientras que en el país suramericano se conocen como 'guarimbas'. Los casos de víctimas fatales por la represión policial acapararon los titulares de la prensa internacional, pero lo que la mayoría ignoró fue que casi la mitad de los caídos ni siquiera participaba en las manifestaciones y que muchos de ellos murieron por la acción de las fuerzas de choque de la oposición.
RT conversó con los familiares de algunas de las víctimas silenciadas por los medios internacionales, al cumplirse dos años de esos sucesos.
Orlando Figuera
Inés Esparragoza es la madre de Orlando José Figuera, el joven que fue brutalmente golpeado, apuñalado y posteriormente quemado por un grupo de opositores encapuchados, en mayo de 2017.
"A dos años de lo que pasó, de verdad, no puedo negar que me traumó verlo quemado, no entiendo cómo pudieron hacerle eso", cuenta en conversación con este medio.
Aunque la exfiscal Luisa Ortega Díaz, destituida de su cargo por "faltas graves" y que se encuentra actualmente prófuga de la justicia venezolana, desestimó la forma cómo atacaron a Figuera, su madre tiene claro que la muerte fue "por ser chavista".
Mientras estuvo internado en un centro hospitalario, con más del 80% de la superficie corporal con quemaduras, Figuera le contó a su madre que los agresores, después de apuñalearlo, lo rodearon y le preguntaron amenazantemente si era chavista o no: "él me dijo: 'bueno mami, yo viendo que igual me iban a matar, yo les dije: si soy chavista, ¿qué?'".
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Fue en ese momento, explicó Esparragoza, cuando le rociaron combustible. El hecho fue divulgado en un video en las redes sociales, donde se observa a Orlando corriendo y envuelto en llamas.
A la fecha, factores políticos opositores han silenciado este y otros ataques similares, e incluso rodaron la versión de que el asesinato de Figuera fue a raíz de una discusión con otra persona que lo acusó de estar robando: "lo más irónico es que a mi hijo le quitaron todo lo que tenía, los realitos (dinero) que había hecho ese día, todo. Fue un crimen lo que hicieron", agrega su progenitora.
Almelina Carrillo
A golpe de las 10:00 de la mañana, la señora Almelina Carrillo, de 47 años, bajó de su edificio residencial a comprar verduras antes de irse a su trabajo. Era 19 de abril de 2017, fecha patria en Venezuela, y el chavismo marchaba cerca de su casa, en el sector de La Candelaria en Caracas, a favor del presidente Maduro, y en rechazo a las 'guarimbas' que se mantenían focalizadas en zonas pudientes de la ciudad capital.
"Ese ese momento, cuando regresaba de comprar las cosas, fue que se encontró con la marcha y recibió un botellazo", recuerda Maybel Carillo, su sobrina.
Almelina falleció tras pasar cuatro días en una unidad de cuidados intensivos de la Policlínica La Arboleda de Caracas debido a la contundencia de una botella de agua congelada que recibió en su cabeza.
El suceso ocurrió en momentos de alta tensión política generados por los llamados que hacía la oposición a sus seguidores de "mantenerse en las calles".
De hecho, un día antes de este incidente, el sociólogo venezolano Tulio Hernández llamó en Twitter a "neutralizar" a los chavistas lanzándoles macetas desde las ventanas de los edificios ubicados en lugares por donde se movilizaran. Tras las críticas, el también columnista borró el texto, fue destituido de su cargo en una institución bancaria y huyó del país.
"Si mi tía no hubiese sido la víctima, hubiese sido cualquiera que anduviera por ahí. Yo, por ejemplo, siempre camino con mi hija en el lugar donde le dieron el botellazo", agrega Maybel.
Guarimbas mortales
Tanto la señora Almelina como el joven Figuera forman parte del 50% de las víctimas fatales registradas durante las guarimbas de 2017, que no participaban directamente en los manifestaciones, según arrojó un evaluación de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización no gubernamental (ONG) con 32 años de existencia.
Los heridos de hace dos años fueron cifrados en más de 1.000 y, pese a que la cifra total de fallecidos varía de acuerdo a los registros de varios organismos públicos, la cantidad sobrepasa las 100 personas, el doble de las 'guarimbas' del 2014.
Mientas la justicia avanza en cumplir los procedimientos previstos en la ley, la lucha de los familiares de las víctimas para que se haga justicia se mantiene firme, no exenta del dolor de haber perdido a sus seres queridos.
"Eso es lo que me mantiene viva, la esperanza de que haya justicia. Eso no nos va quitar el dolor, la impotencia, la frustración, pero con justicia podemos estar tranquilos con nuestros muertos", indica, por su parte, Zoraida Bravo, de 68 años, madre del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, Ramzor Bravo, uno de los asesinados en las guarimbas de 2014, quien también espera por el establecimiento de las responsabilidades penales a los agresores de su hijo.
Por el caso de Almelina, el responsable fue privado de libertad, ratificó su sobrina. Mientras que por Figuera, aún se espera la captura de los presuntos autores del crimen.
Las guarimbas también abrieron un compás para la reflexión entres los familiares de las víctimas, que remarcan que las diferencias, sean cuáles sean, deben dirimirse sin violencia. "Es el colmo que todavía haya políticos que llaman a guarimbear (...) No entiendo por qué tanto odio", agrega la madre de Figuera.
Para Maybel, familiar de Almelina, hay una lección de lo ocurrido: "hay que vivir sin odio".
Manuel Palma