Abogado de exdirector de Pemex acusado de corrupción amaga con involucrar al expresidente Peña Nieto en el caso
La Fiscalía General de México registró el domicilio de Emilio Lozoya, exdirector de la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que un juzgado emitiera una orden de aprehensión en su contra por diversos delitos que más tarde fue suspendida temporalmente.
La autoridades también allanaron la casa de la hermana y el padre de Lozoya, pero no encontraron rastro del exfuncionario, acusado de posible triangulación de recursos a través de cuentas bancarias que tendrían como objeto ocultar ganancias obtenidas ilícitamente.
El abogado de Lozoya, Javier Coello, señaló que su cliente está en México y aseguró que, en caso de ser necesario, la defensa pedirá que el expresidente de México Enrique Peña Nieto, así como varios funcionarios de alto perfil de la administración anterior, sean llamados a declarar ante la Justicia.
"Necesito ver de qué se le acusa, conocer y entonces plantearía una defensa y aclararíamos punto por punto las cosas. Pero también exigiremos que quienes manejaron Pemex después expliquen punto por punto, también los miembros del Consejo de Administración. Yo sé que esto va a sonar muy fuerte, pero si buscan la verdad la van a encontrar", afirmó Coello en una entrevista con Noticieros Televisa.
Cuando el periodista Carlos Loret preguntó al litigante si la defensa llamaría a declarar a los exsecretarios de Hacienda y Energía, Luis Videgaray y Pedro Joaquín Coldwell, quienes formaban parte del Consejo de Administración de Pemex, el abogado Coello se pronunció a favor de que sean citados para dar su testimonio. "Que comparezcan, que aclaren", dijo el abogado, quien consideró que Lozoya es un chivo expiatorio de la corrupción en México.
Pero el abogado no se detuvo ahí, pues también señaló que la defensa podría solicitar que el expresidente Peña Nieto declare ante la Justicia mexicana por los delitos que se acusa a Lozoya. "Yo citaría hasta el presidente Peña Nieto. Que declare. Porque no se movía una hoja en este país si no era por instrucciones del presidente", dijo Coello. "Muchas operaciones se hicieron con la conciencia y la convicción que el presidente ordenó", afirmó el abogado.
La defensa de Lozoya presentó un juicio de amparo y el juzgado Octavo de Distrito en materia de Amparo Penal determinó suspender temporalmente la orden de aprehensión contra el exdirector de Pemex, hasta el 4 de junio, en lo que se revisa si hubo irregularidades en el proceso judicial que derivó en una orden de detención contra el exfunfionario.
La importacia del caso
La orden de aprehensión contra Lozoya se produjo por presuntos actos delictivos vinculados a la adquisición de una planta chatarra de fertilizantes Agro Nitrogenados, con sobreprecios y un costo de 275 millones de dólares, pagados a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) cuando Lozoya era director de Pemex.
Un hecho que provocó la detención en España del empresario mexicano Alonso Ancira, accionista mayoritario y presidente de la Junta de Altos Hornos de México.
Sin embargo, Lozoya también tiene una investigación en su contra por presuntamente haber recibido sobornos por 10 millones de dólares provenientes de la constructora brasileña Odebrecht.
De acuerdo con testimonios de altos funcionarios de la empresa vinculada a casos de corrupción en varios países de América Latina, el pago de sobornos ocurrió en 2012, cuando Lozoya fungía como Coordinador de Vinculación Internacional en la campaña del entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, quien se convertiría en presidente de México.
En octubre de 2017, el entonces titular de la Procuraduría General de la República (convertida en la actual Fiscalía General), Raúl Cervantes, señaló que se había concluido la investigación por el caso Odebrecht. Sin embargo, año y medio después, no se ha revelado el contenido de las pesquisas.
.@PGR_mx ha concluido las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción intl. que en AL y México se hayan visto
— Raul Cervantes (@RaulCervantesA) 16 de octubre de 2017
El caso de los sobornos presuntamente entregados por Odebrecht a Lozoya fueron investigados por Santiago Nieto, quien en 2017 fungía como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Sin embargo, Nieto fue removido de su cargo previo a las campañas electorales de 2018.
Con la llegada al poder de López Obrador, Santiago Nieto se convirtió en el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la oficina encargada de perseguir los delitos de lavado de dinero. En días recientes, Nieto informó a través de Twitter que habían sido congeladas las cuentas bancarias de Lozoya por "actividades presuntamente ilegales derivadas de actos de corrupción".
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de Emilio Lozoya, ex director de @Pemex y de la empresa Altos Hornos de México. Se identificaron operaciones financieras con recursos de actividades presuntamente ilegales derivados de actos de corrupción. #LaNuevaHacienda
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) 28 de mayo de 2019
"No hay persecución política"
Al ser cuestionado sobre las declaraciones del abogado Coello, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el caso contra Lozoya no forma parte de una persecución política contra el Gobierno anterior.
"Ese es un asunto de la Fiscalía General. Yo lo que puedo decirles es que no hay persecución política, son hechos, presuntos delitos que se tienen que perseguir y se tienen que castigar en el caso que así lo determinen los jueces. Yo he dicho que no es mi fuerte la venganza", dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina de este 29 de mayo.
El mandatario mexicano explicó que, además del costo millonario por la adquisición de la planta de fertilizantes, el Gobierno anterior adquirió un crédito cercano a los 400 millones de dólares para rehacer la planta. Pero ahora que está casi finalizada la remodelación, la planta no puede operar porque requiere abastecerse de gas natural. Y la administración actual debía resolver las denuncias por corrupción antes de delinear una estrategia sobre qué hacer con la planta de fertilizantes.
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