Este lunes comienza el juicio por la muerte de Samba Martine, una mujer congoleña que falleció el 19 de diciembre de 2011. Tenía VIH y padecía criptococosis, una grave infección pulmonar que acabó con su vida.
Su muerte se produjo en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, un barrio del sur de Madrid. Allí estuvo internada 38 días, durante los cuales pidió hasta en 11 ocasiones ser vista por un médico. El último día lo pasó tumbada en el suelo del comedor del centro derrotada por los dolores. Cuando por fin la llevaron a un hospital, solo faltaban seis horas para su fallecimiento, y ya nada se podía hacer por ella.
A partir de hoy se juzga a tres responsables médicos del CIE. El tiempo trascurrido ha sido un aliado de dos de ellos, que se encuentran huidos de la Justicia, por lo que previsiblemente solo uno de los acusados comparecerá ante el Tribunal.
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— Mundo en Movimiento (@MeM_org) 3 de junio de 2019
En las 11 visitas a la enfermería del centro que Martine realizó ningún sanitario detectó la infección, tampoco que era seropositiva, y nadie pareció percatarse de la gravedad de su situación, a pesar de que necesitaba ayuda incluso para caminar. Solo en una de las consultas tuvo ayuda de un traductor, pero nunca se le realizaron pruebas para determinar el origen de sus dolencias. El mismo día de su muerte, ni siquiera se pidió una ambulancia para trasladarla al hospital.
Un simple análisis de sangre habría sido suficiente para conocer su estado. Incluso, aún más sencillo si cabe, se podía haber solicitado su informe médico al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, el enclave español en el norte de África, donde Martine había recalado antes de ser derivada a la península española. Allí se le había detectado el VIH.
La víctima no había cometido ningún delito, tan solo una falta administrativa. No había sido acusada ni condenada por ningún acto ilícito ante ningún tribunal. Ahora se juzga las circunstancias que llevaron a su muerte y el trato negligente que recibió por parte de una institución que tiene la obligación de custodiar y velar por la integridad de los internos.
Unos meses después del trágico desenlace, un Juzgado de la capital español sobreseyó el caso y lo archivó. Pero en 2014 la acusación particular (que representa a la madre de Martine) y la popular, consiguieron que se reabriese presentando recursos ante la Audiencia Provincial, que falló que el archivo había sido prematuro porque no se había investigado lo suficiente.
