"No podemos hablar de justicia": la peor tragedia infantil en México cumple una década sin reparación

El 5 de junio de 2009, poco después del mediodía, se registró un incendio en la Guardería ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora. Allí murieron 25 niñas y 24 niños, 106 menores de edad sufrieron quemaduras y diversas secuelas por el humo y el fuego, y 14 asistentes educativas tuvieron daños y lesiones, la peor tragedia infantil que se haya registrado en México.

El fuego inició en una bodega continua a la estancia infantil, propiedad de la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal, ubicada al sur de la ciudad. La propagación de las llamas ocasionó la tragedia en la guardería, donde los niños dormían la siesta, enlutando a 49 familias que en la actualidad no han encontrado justicia ni reparación del daño.

"Definitivamente, en el caso de la Guardería ABC quedan a deber todo por la ausencia de procuración de justicia en México, y la garantía de no repetición en la que ha fallado el Estado", apunta Abraham Fraijo, padre de Emilia, una de las víctimas mortales que hoy tendría 13 años y cursaría el segundo año de la escuela secundaria.

El entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) visitó Hermosillo un año después de la tragedia y conservó en su cargo a los responsables del sistema de guarderías. El gobernador de Sonora, Guillermo Padrés (2009-2015), mantuvo al frente de la procuraduría local (fiscalía) a Abel Murrieta. Los dueños de la guardería, familiares de las cúpulas económicas y políticas de México (entre ellos de la exprimera dama Margarita Zavala) pasean libres por Sonora, lo mismo que Daniel Karam, exdirector del IMSS.

En principio fue la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) la que se hizo cargo de la investigación —que luego atrajo la entonces Procuraduría General de la República (PGR)—, instancia que señaló con premura que la causa del incendio había sido el sobrecalentamiento en el motor de un enfriador que operaba en la bodega.

Los señalamientos recayeron contra 22 trabajadores de la estancia infantil, a los que la PGR acusó, entre 2009 y 2011, de ser responsables indirectos o no intencionales. Entre el grupo de procesados también figuraban dos socios de la guardería: Sandra Lucía Téllez Nieves y Antonio Salido Suárez, quienes tienen una sentencia, cada uno, de 28 años de prisión, pero enfrentan sus procesos en libertad bajo caución.

Los otros dos propietarios de la estancia eran Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala (esposa del expresidente Calderón), y Francisco Gildardo Urquídez Serrano. Ambos obtuvieron determinaciones judiciales que los libraron de un juicio penal.

Los papás y mamás de los menores muertos y heridos por el incendio en la Guardería ABC promovieron modificaciones a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, también conocida como 'Ley 5 de Junio', que fue promulgada por Felipe Calderón en 2011. Sin embargo, la norma ha entrado en vigor ante la falta de armonización legislativa, un proceso que involucra a los 32 congresos locales e implica una reglamentación.

"Este miércoles presentaremos un punto de acuerdo en la Comisión Permanente (pues el Senado se encuentra en receso tras el periodo ordinario que concluyó el 30 de abril pasado) para que los congresos locales que no han armonizado la llamada 'Ley 5 de Junio' lo hagan, y que los ejecutivos locales emitan los reglamentos lo más pronto posible para que entre en vigor, porque pareciera que no ha habido la sensibilidad, ni entendimiento, ni interés", señala a RT la senadora Citlalli Hernández Mora, quien formó parte del movimiento de solidaridad con los padres y madres en Ciudad de México.

En el mismo sentido se manifiesta Fraijo, quien acusa desdén hacia la legislación que busca garantizar mayor seguridad en los espacios de resguardo infantil: "Fuimos los mismos ciudadanos afectados por la pérdida de nuestros hijos los que les dimos una herramienta importantísima, la 'Ley 5 de Junio', pero en la actualidad hay estados que ni siquiera han armonizado la ley y a eso hay que sumarle que la mayoría de los estados no tienen reglamento".

Desde octubre de 2018, el caso se encuentra ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego que la Primera Sala aceptararevisar un amparo de los 19 sentenciados en contra de las penas que se les impusieron, y otro recurso impulsado por familias de las víctimas, que buscan mayores sanciones para los responsables del incendio.

La agrupación Movimiento 5 de Junio, integrada por algunos padres y madres de las víctimas, hizo un planteamiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en noviembre de 2010, cuando se discutió el caso por primera vez en la corte.

Para Fraijo, uno de los principales activistas en el caso, la resolución que emita la Corte solo es un trámite jurídico y, en caso de no ser satisfactorio, acudirán a tribunales internacionales.

"No podemos hablar de justicia a 10 años, sino de una resolución judicial que podría resarcir o reconstruir un poco la confianza. Para mí, la resolución que va a emitir la Suprema Corte no es más que un trámite jurídico", refiere Fraijo.

Por otra parte, en la Fiscalía General de la República (FGR) existe una averiguación previa de abril de 2013 y una carpeta de investigación, que se inició en agosto de 2016, que plantean la hipótesis de la intencionalidad del siniestro.

"A la fecha hay una sensación entre activistas, padres y madres de que no están los verdaderos culpables siendo juzgados", subraya Hernández, senadora del partido oficial Morena.

Convocan al presidente

Los padres y madres de la Guardería ABC exhortan al actual presidente Andrés Manuel López Obrador a sostener un encuentro. "La reunión con el presidente es fundamental, después del tránsito de dos presidentes (Calderón y Enrique Peña Nieto) que no hicieron nada, que truncaron en todos los sentidos la procuración de justicia y la garantía de no repetición", destaca Fraijo.

El activista, quien desde la muerte de su hija trabaja en la defensa de los derechos humanos, adelanta que la próxima semana se reunirá con la gobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich, para demandar la creación de un memorial en la ciudad de Hermosillo. El Senado mexicano hará este 5 de junio un exhorto en ese sentido a la mandataria estatal.

"Una de nuestras exigencias es tener viva la memoria, recordar lo que pasó y aprender del pasado, uno de los puntos que veremos con la gobernadora es la creación de un memorial digno. Nos guste o no, necesitamos del Gobierno del estado para poder generar las condiciones adecuadas para su creación", señala Fraijo.

Acciones para no olvidar

Este 5 de junio se recuerdan diez años del incendio que, tal vez, para las nuevas generaciones "no sea muy recordado", apunta Hernández —quien recientemente recibió un paquete explosivo en su oficina—, y llama a respaldar la demanda de justicia de los padres y madres.

Este miércoles en las rejas del Senado, ubicado en la principal avenida de Ciudad de México, será inaugurada una exposición fotográfica sobre la tragedia, y se desplegará un pendón sobre uno de sus edificios con los nombres de los 49 niños y niñas muertos.

En la ciudad de Hermosillo, el Movimiento 5 de Junio convoca a una marcha a las 6:00 de la tarde (tiempo local).

Mientras que en Ciudad de México, la jornada de movilización será a partir de las 4:00 de la tarde.

Por su parte, Abraham Fraijo llama a las personas a sumarse a las actividades alusivas al aniversario luctuoso. Su motivación es clara: "El Gobierno le apostó mucho tiempo al olvido, pero la fuerza que nos da la gente es lo que nos mantiene y les pedimos que sea verdad lo que nos han dicho durante tantos años, que no estamos solos".

A pesar de los años, la imagen que retiene Abraham de su hija es la de una niña de 3 años y 3 meses, despeinada y jugando. "La corrupción y la impunidad en México me arrebataron la visión de cómo sería Emilia de grande".

Paola Morales

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