La Cámara de Representantes de Colombia comienza este lunes a las 14 (hora local) la moción de censura contra el ministro de la Defensa, Lorenzo Guillermo Botero, para debatir sobre los posibles casos de asesinatos a civiles, más conocidos como "falsos positivos", en ese país sudamericano, y luego votar por la expulsión o continuidad del funcionario.
El origen de la medida impulsada por la oposición parlamentaria radica en la muerte del exguerrillero de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Dimar Torres, ocurrida a mediados de abril. Inicialmente, Botero afirmó que el deceso se produjo tras un forcejeo con las fuerzas de seguridad que ocasionó disparos, ya que la víctima habría intentado sustraerle un fusil a un grupo de uniformados. Así, se difundía la teoría del fallecimiento accidental. No obstante, a fines de ese mismo mes la Fiscalía General resolvió que en realidad se trató de un homicidio, con efectivos seriamente involucrados.
Ahora, el objetivo de los impulsores de la moción es remover al funcionario de su cargo, por considerarlo indigno de ocupar el puesto. Una de las argumentaciones, que serán parte del debate en el Congreso, se basa en una publicación del diario The New York Times. Aquel medio estadounidense reveló el 18 de mayo que el Ejército —dependiente del Ministerio de la Defensa— emitió una orden donde se requería aumentar los operativos contra la guerrilla y otros criminales, acrecentar las detenciones e incluso reducir la perfección a la hora de hacer ataques letales, poniendo en riesgo la vida de civiles.
Según los oficiales consultados por aquel medio norteamericano, estas prácticas ya se habían utilizado en la década del 2000, y terminaron con unas 5.000 víctimas civiles o guerrilleros fuera de combate. Así, la orden reciente refleja mucho margen de error a la hora de cometer asesinatos: "Hay que lanzar operaciones con un 60-70 por ciento de credibilidad y exactitud", dice el documento citado por el periódico extranjero. En otras palabras, se pide a los altos mandos que "no exijan perfección" al momento de realizar ejecuciones.
A las pocas horas de hacerse pública esta nueva bajada de línea militar dispuesta por el general Nicacio Martínez, la Procuraduría le abrió una indagación a ese comandante del Ejército. Asimismo, el presidente Iván Duque anunció la creación de una comisión independiente para analizar órdenes, manuales y documentos militares. Por su parte, el futuro político del ministro de la Defensa se definirá en el Parlamento.
Pasos a seguir en la Cámara
Los legisladores que impulsaron la medida en el Congreso —se requiere al menos la décima parte de la Cámara para que la moción se concrete— deberán exponer las acusaciones o planteos contra el funcionario, cuestionado por su labor. A continuación, Botero tendrá la posibilidad de defenderse y dar su versión de los hechos.
Una vez concluido este debate, se estipula que entre el tercer y décimo día hábil posterior se concretará la votación para decidir sobre la remoción o continuidad en el cargo. La fecha y hora exacta deberá ser comunicada por el presidente de la Cámara. En caso de que haya mayoría absoluta, el ministro será expulsado. En cambio, si se obtiene un resultado negativo, no se admitirá una nueva moción sobre la misma temática, a menos que surjan nuevos elementos de prueba.
Por lo pronto, las fuerzas políticas que impulsan la medida solo cuentan con 20 bancas de los 172 escaños totales. El foco estará puesto en la decisión del Partido Liberal y Cambio Radical, que suman 65 votos y podrían achicar notablemente la diferencia, aunque ya se dio a conocer que estos partidos no pretenden remover a Botero.
Hasta ahora, ningún ministro colombiano ha sido depuesto de su cargo por esta instancia. Sin embargo, se trata de la segunda moción de censura que atraviesa el Gobierno de Duque: en octubre del 2018 el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, fue sometido a votación, pero logró retener su puesto con 120 votos a favor suyo y 23 en contra.
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