Los activistas Irineo Mujica y Cristobal Sánchez, quienes llevan años promoviendo acciones junto a los migrantes de México y Centroamérica, fueron detenidos por presuntamente participar en una red de tráfico de personas, durante las negociaciones entre México y EE.UU. para evitar la imposición de aranceles.
Sin embargo, las presuntas irregularidades en la detención de ambos defensores de los migrantes, en un contexto de tensiones diplomáticas y el riesgo de una crisis económica, han provocado que algunas organizaciones de derechos humanos rechacen la medida contra los activistas, por considerarla una moneda de cambio para satisfacer las exigencias de Washington. Esa acusación es negada por el Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Acusaciones de tráfico de personas
Las detenciones de Mujica y Sánchez ocurrieron el 5 de junio pasado por la tarde, el mismo día en que una nueva caravana migrante proveniente de Centroamérica fue frenada por las autoridades en territorio mexicano, ante la presión de EE.UU. para que el país latinoamericano impusiera mayores restricciones en su frontera sur.
Irineo Mujica, dirigente de la organización Pueblo sin Fronteras, quien participó en la organización de algunas de las caravanas migrantes provenientes desde Centroamérica, fue detenido en Sonora cuando salía de la sede de la empresa de transporte de su familia.
Cristobal Sánchez, fundador del Colectivo de Cultura Migrante, una organización que da acompañamiento y ayuda humanitaria a las personas que buscan llegar a EE.UU., fue detenido en su casa en la Ciudad de México por agentes federales sin que presentaran una orden de aprehensión en su contra.
Un día después, el 6 de junio, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de México emitió un comunicado en el que informó el bloqueo de cuentas de 26 personas por presuntos pagos ilegales para el tráfico de personas, vinculadas a las caravanas migrantes de Centroamérica a EE.UU.
Posteriormente, la Fiscalía General de la República informó que la detención de Mujica y Sánchez fue por "su probable participación en la comisión de posibles delitos en materia migratoria".
¿Presos políticos?
Las circunstancias y las presuntas irregularidades en la detención de Mujica y Sánchez provocaron que la organización Pueblo sin Fronteras calificara a los activistas como "presos políticos" del Gobierno mexicano.
La detención también levantó una oleada de reacciones por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, que externaron su preocupación por la forma en que fueron capturados ambos activistas para luego ser llevados a una oficina del Ministerio Público en la ciudad de Tapachula, Chiapas, el principal punto fronterizo de ingreso de migrantes centroamericanos a territorio mexicano.
Las organizaciones adherentes al colectivo Seguridad Sin Guerra señalaron que la "aprehensión y criminalización" de Mujica y Sánchez tuvo lugar en medio de las presiones de Washington, lo cual "no puede ser entendido como casualidad".
"Ahora, pareciera, [que] somos los defensores de derechos humanos quienes somos ofrecidos como ficha de cambio en el proceso de militarización y subordinación a la agenda estadounidense", señaló el colectivo en un comunicado.
En el mismo tono, más de un centenar de organizaciones y académicos exigieron a la Fiscalía General de la República "que garantice un juicio justo, con atención al debido proceso y con respeto a los derechos humanos, respetando la presunción de inocencia y garantizando que no se usarán las instituciones de procuración de justicia para fabricar pruebas y criminalizar a defensores".
El Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, así como los colectivos de madres hondureñas que buscan a sus hijos desaparecidos, también emitieron pronunciamientos a favor de los detenidos.
Del mismo modo, activistas protestaron a las afueras del Palacio Nacional de Ciudad de México, el pasado lunes 10 de junio, para exigir al Gobierno de López Obrador la liberación de Sánchez y Mujica, y acusar la presunta fabricación de delitos por parte de la Fiscalía.
"Toda la acusación está puesta, está armada por el Ministerio Público federal, nosotros sentimos que así es. Sí, sentimos que hay un dolo por parte de la Fiscalía General de la República porque está haciendo lo que en muchas ocasiones le llamamos nosotros 'cuadrar un delito'", dijo el lunes pasado el abogado Eduardo Galván Pérez, en declaraciones a los medios.
Gina Garivo, integrante de Pueblo sin Fronteras, denunció que desde hace meses hay una supuesta "campaña de criminalización" por parte de los Gobiernos de México y EE.UU. en contra de los activistas. En este sentido, denunció la manera en que Tonatiuh Guillén, comisionado del Instituto Nacional de México, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acusaron a la organización que pertenece de ser una agrupación "criminal" que "lucra" con los migrantes.
Este martes comenzó la audiencia pública para que Mujica y Sánchez se presenten ante las autoridades mexicanas para ser informados a detalle de las acusaciones en su contra.
Gobierno de México niega acusaciones
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que la administración del presidente López Obrador revisará el caso de los dos detenidos y descartó que se trate de presos políticos.
Según La Jornada, las declaraciones de Encinas se dieron al término de la conferencia matutina del lunes 10 de junio. El rotativo mexicano también señaló que, de acuerdo con varias fuentes cercanas al caso, el funcionario solicitó a la FGR un informe sobre las detenciones de Mujica y Sánchez.
Mujica es beneficiario del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, mientras que Sánchez está en proceso de incorporarse al mismo.
Manuel Hernández Borbolla