La Policía de Argentina detiene al prefecto acusado por el homicidio del activista mapuche Rafael Nahuel
La Justicia Federal de Argentina detuvo este miércoles al prefecto naval Francisco Javier Pintos, acusado de asesinar al activista mapuche Rafael Nahuel en noviembre del 2017, y lo imputó por homicidio agravado.
Según informaron medios locales, el arresto fue efectuado por la policía de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires —donde se encontraba el agresor—, y por orden de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
El pasado 15 de mayo, la Cámara Federal de General Roca, en Río Negro, había ordenado la prisión preventiva contra Pintos, quien ha sido señalado como presunto responsable del asesinato del joven activista. La Justicia, además, había dispuesto el cambio de carátula de la causa, que se investigaba como 'exceso en la legítima defensa' y ahora pasará al delito de 'homicidio agravado'.
Esta es la orden de detención de Francisco Javier Pintos, autor material del asesinato de Rafael Nahuel pic.twitter.com/UckffRtMHT
— Horacio Pietragalla (@pietragallahora) 12 de junio de 2019
Esto se debe a que, en un principio, los jueces avalaron el testimonio de los efectivos acusados, que indicaban que el grupo perteneciente a la comunidad mapuche había atacado primero a los uniformados que participaron del operativo, ordenado para desalojarlos de un terreno en Villa Mascardi, reclamado por 'derecho ancestral'. Sin embargo, el tribunal se apoyó en la versión que sostuvieron siempre los familiares de Nahuel: él no estaba armado y recibió el disparo por la espalda.
Si bien la víctima no pertenecía a la comunidad mapuche, sino que se encontraba en aquel momento acompañando a su tía y a su prima, como parte del 'Colectivo Al Margen' —donde se enseñan oficios y se impulsan tareas comunitarias en sectores empobrecidos—, su muerte causó la indignación de gran parte de la sociedad debido a la brutalidad con la que procedió la Prefectura Naval. Según las cifras de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), en el Argentina se produce una muerte cada 21 horas por la actuación de las fuerzas del Estado.