El Gobierno de México busca reducir el flujo migratorio exigido por EE.UU. en 45 días, un plazo impuesto por Donald Trump, y para ello apuesta por un plan que impulse el desarrollo y el empleo en el sur de su territorio, así como en Centroamérica.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que su país le demostrará al mundo que se puede enfrentar el fenómeno migratorio atendiendo las causas estructurales, al tiempo que ha aceptado el desafío de hacerlo por una vía humana y eficaz.
En sentido contrario, la estrategia del Gobierno mexicano contempla el despliegue del Ejército y la Marina por aire, mar y tierra en 23 cruces fronterizos al sur de la nación latinoamericana, en lo que ha sido visto por opositores de López Obrador y activistas como el verdadero 'muro' de Donald Trump.
"Donald Trump, como hábil negociador que es, logró su objetivo cantado a los cuatro vientos, en el sentido de que levantaría un muro en la frontera entre los dos países y que México lo pagaría. El muro se levantó en la frontera sur de nuestro país, con 6.000 elementos de la guardia civil y se reforzó en la frontera norte de México, con el compromiso de recibir a los migrantes centroamericanos que Estados Unidos no quiera, para que seamos, de facto, Tercer País Seguro, con los gastos que ello implica y pese a que el gobierno mexicano lo venía negando", escribió dos días atrás la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del partido opositor Movimiento Ciudadano (centro-izquierda).
En cambio, para el coordinador del partido oficial Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, y quien acompañó a la delegación mexicana en las negociaciones en Washington, su país no se ha convertido en el muro de EE.UU. "Yo no creo, porque las personas que están yendo a Estados Unidos no son mexicanos, y segundo porque también es un problema para nosotros. Si no hay un arreglo, un acuerdo, pues se van a quedar en México. Es un tema de corresponsabilidad (…) Qué es lo que hay que hacer, pues para eso se comprometió el tema de la Guardia Nacional, la verdad es que no hay frontera en el sur", dijo en entrevista con un medio local.
Sin embargo, el Gobierno mexicano insiste en demostrarle a Trump que es capaz de enfrentar el reto migratorio. "El acuerdo es importante para México porque tenemos posibilidades de demostrar que tenemos razón. Antes del viernes (7 de junio) era posible porque el acuerdo era ser tercer país seguro o los aranceles", dijo el pasado martes el encargado de las Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.
Una 'locura' militar
La organización Human Rights Watch (HRW) criticó el despliegue del Gobierno federal en la frontera sur de México para detener a los migrantes. "La última locura de la militarización de la seguridad pública en México: desplegar una fuerza esencialmente militar, ya no contra grupos delictivos, sino contra familias humildes que huyen de estos grupos", expuso José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América de la organización, respecto a la estrategia de apostar 6.000 efectivos de la Guardia Nacional, además de la participación de efectivos militares y marinos.
Esta acción inédita se ejecutó esta semana en la frontera sur con elementos de la Defensa, la Marina y la Guardia Nacional, con base en la ciudad de Tapachula, Chiapas (sur), encabezada por los Secretarios de la Defensa, Cresencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda.
Además, se han instalado retenes militares en carreteras con la consigna de frenar el avance de autobuses o vehículos que puedan llevar migrantes. En algunos casos, según Notimex, a los pasajeros se les pide mostrar una identificación y, de no tenerla, son sometidos a un cuestionario para corroborar su nacionalidad; de no acreditarla, son traslados a la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula.
También se planea que lanchas rápidas incursionen en mar abierto y patrullen las costas y ríos, además de que helicópteros vigilen la franja fronteriza, manifestaron fuentes al diario mexicano Reforma.
El objetivo del denominado Plan de Atención y Desarrollo para Migrantes provenientes de Centroamérica es inhibir la llegada a la frontera norte de México, donde EE.UU. reportó 140.000 detenciones solo en mayo. En lo que va del año, de las 600.000 personas que recorrieron México y llegaron a territorio estadounidense, solo 10.000 fueron retornados a esperar la resolución de su solicitud de asilo.
El mencionado plan será presentado este viernes por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien convocó a los gobernadores de Tabasco, Campeche, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, estados del sureste del país, por donde ingresa y transita el mayor flujo de migrantes, cuyo objetivo final es llegar a EE.UU.
De no lograrse los objetivos del plan, México buscaría un acuerdo regional en el que participarían los gobiernos de Brasil, Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala, en el que se prevé el retorno de solicitantes de asilo a los países de la zona, según información de la agencia del Estado mexicano.
Entretanto, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ha insistido en negar que su país esté ante la militarización de la frontera sur.
En este sentido, el coordinador del Grupo Parlamentario del partido oficialista Morena, Ricardo Monreal, aseguró que la actuación de la Guardia Nacional para el control de las zonas fronterizas está contemplada en los artículos 11 y 21 de la Carta Magna, así como en la Ley de Migración y en el artículo nueve de la Ley de la Guardia Nacional, el cual establece que se debe "salvaguardar la integridad de las personas y en su patrimonio, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos en las zonas fronterizas".
Reiteró, además, el respaldo de los legisladores oficialistas a las acciones emprendidas por el Gobierno federal ante la amenaza de una imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas.
'El Ejército contra las familias'
HRW destaca que los sucesivos gobiernos de México han justificado el uso de las fuerzas armadas para operativos de seguridad pública con el argumento de que son necesarias para enfrentar a cárteles del narcotráfico que están fuertemente armados y son extremadamente violentos. Sin embargo, señala la organización, esta militarización de la fuerza pública solo ha contribuido a aumentar la violencia y ha provocado violaciones generalizadas de derechos humanos.
Por su parte, la Misión de Observación de la Crisis Humanitaria de Personas Migrantes y Refugiados en el Sureste Mexicano, conformada por 24 organizaciones, documentó múltiples puntos de control migratorio con fuerte presencia de la Policía federal y Policía militar, que operan "por encima del respeto y protección de los derechos humanos" y "sin que haya claridad sobre sus funciones y facultades en el contexto migratorio."
También denuncian una estrategia de desgaste y contención, "que tiene la intención de generar cansancio, desmovilización y disuasión de las personas ante el acceso al derecho a solicitar refugio y a procedimientos de regularización, así como restringir y criminalizar la movilidad humana". Además, alertan sobre la intensificación de redadas y los operativos de control migratorio a lo largo de toda la costa.
"Las condiciones de la detención migratoria, de por sí violatorias de los derechos humanos, se han recrudecido, llegando a constituir formas de tortura física y psicológica y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes", destacaron en las conclusiones realizadas tras la misión.
¿De dónde provienen los migrantes?
Por su cercanía con EE.UU., México es un importante país de flujo para miles de personas que buscan llegar a tierras norteamericanas, la mayoría para huir de las situaciones de pobreza, violencia y exclusión en sus naciones de origen.
Miles de personas provenientes de Centroamérica, Suramérica, Europa, Asia y África han transitado por territorio mexicano con la esperanza de llegar a EE.UU.
La Secretaría de Gobernación (Segob) estima que en los primeros cuatro meses del año, 53.544 extranjeros han sido presentados ante la autoridad migratoria. De esta cifra, 85 % proviene de Centroamérica.
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